domingo, 24 de julio de 2011

LAS COMUNIDADES DE VECINOS HAN DE HACER MÁS OBRAS DE ACCESIBILIDAD


El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó el pasado 21 de julio la ley que adaptará parte de la normativa española a la Convención de la ONU sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, que obliga a las comunidades de vecinos a pagar más obras de accesibilidad de las que sufragan ahora y eleva del 3% al 4% las viviendas accesibles en las promociones de protección oficial.

La norma modifica una veintena de leyes para adaptarlas a la Convención de la ONU sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, a fin de mejorar el acceso de las personas con discapacidad a ámbitos como el empleo, la sanidad o el transporte, entre otros.

Se trata de una norma de la que todos los grupos parlamentarios se sienten "muy satisfechos", según expresaron en el debate del Pleno, donde pusieron también de manifiesto las mejoras que ha experimentado el texto a su paso por las Cámaras.

El texto, que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), reforma, entre otras, la Ley de Propiedad Horizontal para obligar a las comunidades a sufragar las obras de accesibilidad que requieran los vecinos con discapacidad o mayores de 70 años y cuyo coste no supere las 12 mensualidades ordinarias de gastos comunes, pero exime del pago de las derramas por accesibilidad a los vecinos que acrediten dificultades económicas graves al disponer de ingresos anuales inferiores a 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem).

Por otra parte, en cuanto al empleo, la nueva ley se propone sancionar a las empresas incumplidoras de la contratación obligatoria de personas con discapacidad, ya que señala que los órganos de contratación "ponderarán", en los supuestos que sea obligatorio, que los licitadores cumplen con la obligación de contar con un 2 por ciento de trabajadores con discapacidad o que adoptan las medidas alternativas correspondientes.

Otras modificaciones que introduce esta ley son el aumento del 5% al 7% en la reserva pública de empleo para ciudadanos con discapacidad y la prohibición de la discriminación por razón de discapacidad, para que las empresas no puedan denegar los seguros a las personas con problemas físicos, psíquicos, sensoriales o con enfermedad mental, ni tampoco imponerles condiciones más gravosas que al resto de la población.

En el ámbito sanitario, se reforman varias leyes para que un paciente con discapacidad pueda tomar por sí mismo decisiones en procesos como trasplantes, mediante la recepción de la información necesaria en formatos accesibles.

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