ECONOMÍA
El Tribunal Supremo ha avalado la convocatoria de las subvenciones a organizaciones del tercer sector con cargo al 0,7 por ciento del IRPF para fines solidarios al desestimar el recurso presentado por la Generalitat de Cataluña contra el real decreto de 2013 que regulaba dichas ayudas.
La Generalitat catalana recurrió el citado decreto con el argumento de que invade sus competencias en materia de asistencia social.
En una rueda de prensa, el vicepresidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luis Cayo, ha explicado que el Supremo ha considerado que el real decreto 536/2013 "no solamente regula cuestiones de asistencia social", sino muchas otros servicios que ofrecen las entidades sociales y que no se limitan a un solo territorio autonómico.
El presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato, ha señalado que la sentencia constata que "ya no hay ninguna duda" sobre la validez del sistema de financiación de las entidades sociales a través del IRPF.
Ya se han puesto en contacto con el ministro de Sanidad en funciones, Alfonso Alonso, quien, según Cayo, puede proceder "desde mañana mismo" a convocar las subvenciones correspondientes a este año, cuya cuantía depende de las personas que hayan decidido marcar la casilla de la "equis solidaria" en su declaración de la renta.
El vicepresidente de la Plataforma del Tercer Sector ha adelantado que este año "la cuantía ha aumentado bastante" con respecto al ejercicio anterior, en el que con la "equis solidaria" se recaudaron alrededor de 300 millones de euros.
Según la Plataforma, esta sentencia llega a tiempo justo para evitar retrasos en la convocatoria de las subvenciones de este año y habría creado "un grave problema" si hubiera dado la razón a la Generalitat.
El presidente del Tercer Sector ha mostrado su alegría ante la decisión, que consideraban perdida puesto que el año pasado, el mismo tribunal anuló otro real decreto de 2013 que regula las subvenciones a organizaciones del tercer sector, como ONG y otras entidades privadas de ámbito estatal y sin ánimo de lucro que desarrollan actividades de interés general, porque éstas sí invaden competencias de las comunidades autónomas.
Poyato se ha quejado de que se han visto envueltos en "un conflicto" en el que no tienen nada que ver, puesto que no están en contra de las transferencias autonómicas, pero entienden "que tiene que haber competencias estatales que equilibren los desequilibrios".
En la rueda de prensa también ha comparecido la directora de SEO-Birdlife, Asunción Ruiz, quien ha considerado la sentencia como "una victoria en la batalla, pero no en la guerra".
Las subvenciones para entidades sociales proceden de tres ministerios diferentes: Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad; Asuntos Exteriores y Cooperación, y Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Ruiz ha explicado que la resolución del Supremo supone, por tanto, "la victoria" en las subvenciones procedentes de la casilla de fines solidarios de la declaración de la renta, pero no de las subvenciones del Ministerio de Medio Ambiente, que están a la espera de que se resuelva el recurso para la convocatoria del último año.
Sin embargo, la representante de SEO-Birdlife espera que con esta sentencia que les da la razón estrictamente en el ámbito de la "acción social", el Supremo continúe en esta misma línea y, por tanto, la sentencia que les atañe a ellos sea también favorable.
La presidenta de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo, Mercedes Ruiz-Giménez, ha descrito la posición del Tribunal Supremo como "un primer paso", pero ha llamado a seguir avanzando para "conseguir un modelo estable y sostenible de financiación del sector".
"Las ONG tenemos derecho a existir", ha manifestado Ruiz-Giménez, quien espera "un marco jurídico y de recursos asegurados que permita prever el fortalecimiento de nuestras acciones y organizaciones".
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