Una juez reabre la supuesta venta irregular de unos terrenos en Valladolid en perjuicio de las personas sordas

InfoSord, 15/01/2010

Una juez ha reabierto el caso de la polémica venta de los terrenos de la calle Simón Aranda de la fundación Emilio Álvarez –presidida por el Arzobispado– para la construcción de un aparcamiento subterráneo de 502 plazas, que ya está operativo y que ha provocado la pérdida de un centro educativo para la formación de las personas sordas.
Después de que en febrero se archivara el caso, el Juzgado de Instrucción número 5, a petición de la Federación de Personas Sordas y el Fiscal, ha solicitado que se practiquen nuevas pruebas para aclarar la legalidad de la operación. Las dudas son varias.
Al tratarse de una fundación, la Junta exigió el 27 de marzo de 2007 que existiera concurrencia pública para la compraventa del solar. Sin embargo, casi un mes antes, la empresa Parkosa ya había pagado 500.000 euros por la reserva de los terrenos. La empresa abonó 6,2 millones en total cuando un informe de tasación encargado por la Federación de Personas Sordas valoró el solar en 14,6 millones. Casualmente, el mismo arquitecto elaboró un segundo informe 74 días después, contratado esta vez por el Arzobispado, que estimó el solar en 4,2 millones.
La juez ha pedido un nuevo informe de tasación con el que pretende aclarar también por qué el mismo arquitecto elaboró dos tasaciones tan diferentes y que el Arzobispado acredite a qué ha destinado el dinero de la operación.
El presidente de la Federación de Personas Sordas, Luis Alberto Redondo, volvió a insistir en que seguirá adelante hasta que se aclare toda la operación pues consideran que el Arzobispado ha reconducido la fundación Emilio Álvarez a otros fines distintos de los iniciales: la atención de las personas sordas. «La Junta tampoco vela por el cumplimiento de los fines, como obliga la ley», afirma.
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