La Unidad de Sordos del GPI es el único centro educativo que atiende a personas con este problema.
Quizá un poco más humilde que su mirada.
Ella es María Gordón. Con su hijo de 17 años partió de madrugada desde sus terrenos plantados con papas. Dejó todo para asistir a la Unidad Educativa de Sordos Gobierno Provincial de Imbabura, en Ibarra. Este centro educativo es el único en su categoría de la Sierra Norte. Allí se educan 40 niños, jóvenes y adultos con deficiencia auditiva. Ellos provienen de las comunas indígenas y rurales más marginadas de Imbabura, Carchi y Cayambe.
Hace tres meses, los padres de familia (la mayoría de escasos recursos) temían por el cierre definitivo de esta unidad. La nueva Constitución les quitó a los gobiernos provinciales la facultad de seguir realizando obras para la educación. El Gobierno Provincial de Imbabura (GPI) es el mecenas para este centro especial.
Sin embargo, el nuevo prefecto, Diego García, anunció la continuación de esta labor social y se esperará la decisión del Ministerio de Educación en cuanto a los maestros y auxiliares que trabajan en esta escuela. Este mes se sabrá qué ocurre en definitiva.
Los 40 estudiantes mantienen su rutina académica en las aulas limpias y ordenadas. El centro funciona desde 2006, en una propiedad entregada en comodato por la Asociación de Empleados del GPI. La Prefectura corre con todos los gastos y soluciona los problemas que surgen con cada año lectivo. El presupuesto anual bordea los USD 60 000.
Sus ropas la delatan como una campesina de la provincia de Carchi. El infaltable sombrero negro, la falda amplia, el saco grueso de lana y las botas de caucho complementan su humilde vestuario. Quizá un poco más humilde que su mirada.
Ella es María Gordón. Con su hijo de 17 años partió de madrugada desde sus terrenos plantados con papas. Dejó todo para asistir a la Unidad Educativa de Sordos Gobierno Provincial de Imbabura, en Ibarra. Este centro educativo es el único en su categoría de la Sierra Norte. Allí se educan 40 niños, jóvenes y adultos con deficiencia auditiva. Ellos provienen de las comunas indígenas y rurales más marginadas de Imbabura, Carchi y Cayambe.
Una buena iniciativa
Mariela Pallo, directora, explica que el centro apoya a una parte de la comunidad de sordos de la Sierra Norte. Hay otros 100 que esperan su oportunidad y que podrían ingresar a las aulas de segundo a octavo de básica.
El Patronato del GPI asume el pago de sueldos de los siete docentes oyentes y de los seis auxiliares, tres de ellos deficientes auditivos. Este año se puso en práctica un proyecto de inclusión laboral para los adultos con deficiencia auditiva.Hace tres meses, los padres de familia (la mayoría de escasos recursos) temían por el cierre definitivo de esta unidad. La nueva Constitución les quitó a los gobiernos provinciales la facultad de seguir realizando obras para la educación. El Gobierno Provincial de Imbabura (GPI) es el mecenas para este centro especial.
Sin embargo, el nuevo prefecto, Diego García, anunció la continuación de esta labor social y se esperará la decisión del Ministerio de Educación en cuanto a los maestros y auxiliares que trabajan en esta escuela. Este mes se sabrá qué ocurre en definitiva.
Los 40 estudiantes mantienen su rutina académica en las aulas limpias y ordenadas. El centro funciona desde 2006, en una propiedad entregada en comodato por la Asociación de Empleados del GPI. La Prefectura corre con todos los gastos y soluciona los problemas que surgen con cada año lectivo. El presupuesto anual bordea los USD 60 000.
“Nuestra decisión es seguir colaborando con un sentido humanitario. Lo hacemos fundamentados en los artículos 226 y 260 de la Constitución como acción concurrente. En agosto pasado abrimos las matrículas y ahora solo nos resta esperar la decisión del Ministerio sobre el destino de los siete maestros y los auxiliares”, explica el Prefecto.
Este mes se terminará el comodato con la Asociación. Pero Salomé Andrade, presidenta del Patronato del GPI, está segura que se logrará renovar el acuerdo.
“Estamos convencidos que esta institución es de ayuda social. Es la única opción para los deficientes auditivos de Imbabura, Carchi y Cayambe. Contamos con el apoyo de la Vicepresidencia de la República”. Algo más tranquilas, las madres de familia expresan sus temores. Yesenia Hidalgo es presidenta del comité de padres y dice que es una de las fundadoras de esta unidad. “Tengo un hijo de 13 años que dejó de oír cuando me contagié de rubéola durante la gestación. Solo en este lugar hemos conseguido aceptación y apoyo educativo que nos ha dado la esperanza de surgir en esta sociedad tan discriminante”.
María Tránsito Urcuango proviene de la comuna Manzano Guaranguí, en el cantón Ibarra. Ella tiene un nieto de 9 años en la unidad. “En la comuna no hubo escuelas para mi nieto sordo.
En el jardín no progresaba, estaba retrasado. Lo sacamos y decidimos criarlo a la voluntad de Dios. Pero dimos con este sitio y estamos muy satisfechos con lo mucho que mi Bolívar ha aprendido”.
Rosa Criollo, de la parroquia La Esperanza, también encontró apoyo en la unidad. Como todas las madres, aprendió el lenguaje de señas para poder comunicarse con su hijo de 13 años.
En la Unidad Educativa de Sordos los estudiantes reciben el desayuno y el almuerzo. Los padres aportan con USD 10 mensuales para complementar el sustento.
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