POLÍTICA
Tema social
El Ministerio de Justicia ha aclarado a ABC, tras la proposición de ley registrada esta mañana en el Congreso de los Diputados por el Grupo Socialista, que ya ha cursado una circular a través de los Registros Civiles de todos los Tribunales Superiores de Justicia del país para que las personas con todo tipo de discapacidad puedan casarse libremente.
Solo en «casos excepcionales» en los que la persona con discapacidad tenga afectada «de manera evidente e impeditiva» la posibilidad de dar su consentimiento al matrimonio de forma voluntaria se aplicará la reforma del artículo 56 del Código Civil, que el PSOE ha emplazado al Gobierno a modificar de manera urgente.
De hecho, el diputado socialista y portavoz del Grupo de Políticas de Discapacidad Joan Ruiz, ha urgido a revocar la reforma introducida en abril de 2015, aprobada en julio de 2015 y prevista para su entrada en vigor el próximo 30 de junio en un plazo no superior a los tres meses.
En esa normativa del Código Civil se alude en dicho artículo 56 a que «si alguno de los contrayentes estuviere afectado por deficiencias mentales, intelectuales o sensoriales, se exigirá un dictamen médico sobre su aptitud para prestar el consentimiento».
La normativa, que supondría que una persona ciega o sorda necesita un certificado médico obligatorio para contraer matrimonio, supone una lesión clara a los derechos de este colectivo, según el PSOE, que la ha tachado de «humillante, negligente y una chapuza». Justicia ha aclarado a este periódico que, como indicó el pasado 23 de diciembre, esta disposición solo afectará a personas con una discapacidad extrema y que «flexibilizará» en los registros notariales esa exigencia.
Si, como prevé la reforma, un ciego o un sordo tuvieran que someter su matrimonio al criterio de un médico, supondría «una vuelta atrás», a juicio del gerente de Down España, Agustín Matías, «un paso humillante», para la presidenta de la Confederación Nacional de Personas Sordas, Concha Díaz, y «un gran retroceso», para el presidente del Cermi (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad), Luis Cayo Pérez Bueno, opiniones recabadas por este periódico.
Ese permiso médico se acumula al informe notarial sobre la aptitud de la persona con discapacidad para prestar consentimiento que deben presentar antes de contraer matrimonio.
Asociaciones que representan al colectivo, como Almudena Martorell, presidenta de la Fundación Carmen Pardo-Valcarce, ven en la redacción de la ley «un error no intencionado», que hay que subsanar. «Es una vuelta atrás terrible», dice Martorell, como de 50 años atrás. «En la esencia de buscar la protección máxima de un colectivo, se incurre con esa normativa en un señalamiento» de personas vulnerables.
Concha Díaz, presidenta de la CNSE, también ve en el articulado un punto «humillante», porque nadie tiene que decir a la población sorda si necesita un permiso médico para casarse.
Es un error no con la intención de hacer daño, pero se ha cometido un error, y la circular «no es suficiente». Hay que tirar para atrás la ley, que entraría en vigor el próximo 30 de junio, y que deja a juicio del registro notarial la petición de esa autorización del facultativo.
«Plantea un mecanismo discriminatorio, así que entendemos que no tiene sentido, que se ha cometido un disparate mayúsculo y la sensación que tenemos es que es algo tan ajeno a la legislación actual nacional que en los últimos años se ha emprendido en el desarrollo de los derechos del modelo social de la discapacidad que tiene que ser un error, no hecho con una conciencia en negativo», aduce Agustín Matías.
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