Hacienda publicará todas las subvenciones que se den en España y sus beneficiarios

ECONOMÍA

Ultima una reforma legal que obligará a todos los organismos públicos que concedan ayudas a subir la información sobre las mismas a una base de datos única y accesible a todo el mundo.

Se podrán conocer todas las convocatorias de subvenciones que se hagan en España, sus beneficiarios y hasta la identidad de los operadores inhabilitados para recibir ayudas

El Ministerio de Hacienda está ultimando una reforma legal que obligará a todos los poderes administrativos a comunicar al Estado las subvenciones que concedan, así como la identidad de las empresas, asociaciones o particulares que se beneficien de las mismas.

El objetivo es agregar en una base de datos única todas las ayudas que concedan las administraciones públicas españolas y que éstas puedan ser consultadas por cualquier ciudadano, según ha revelado este martes la secretaria de Estado de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, Marta Fernández Currás.

Pero también tener un conocimiento más amplio y ejercer un control más estrecho sobre un ámbito que se ha convertido en objeto de preocupación no sólo para la opinión pública española, sino también para las autoridades europeas que llevan años exigiendo al Gobierno de España una actuación más decidida en este ámbito.

Hay motivos para ello.

Si usted teclea las palabras "fraude en subvenciones públicas" en Google obtendrá aproximadamente 112.000 resultados, según la fórmula estándar que utiliza el popular buscador para informar de los resultados de las búsquedas de sus usuarios.Murcia, Madrid, Alicante, León, Andalucía... es difícil encontrar un rincón del país o un ente administrativo que no se haya visto afectado por algún caso de este tipo, en ocasiones causando una extraordinaria alarma social como en el caso de los ERE de Andalucía, donde un dinero público dotado para ayudas a empresas se desvió de forma presuntamente delictiva para usos fraudulentos.

Un 'negocio' de 12.000 millonesSegún las estimaciones realizadas al respecto, cada año se conceden en España en torno a 12.000 millones de euros en subvenciones públicas. Según Axesor, de ese volumen total en torno a 3.000 millones de euros van a parar a sociedades mercantiles. El resto se reparte entre particulares, ONGs, asociaciones de la sociedad civil y otro tipo de entes.

Si, además, se tienen en cuenta los fondos procedentes de la Unión Europea la cuantía se dispara hasta cerca de los 100.000 millones de euros.Todas ellas se conceden según los cauces legales y se publican conforme a la obligación existente de hacerlo... y, sin embargo, es casi imposible realizar un control eficaz de ellas, como ha reconocido este martes Marta Fernández Currás.La razón es que cada administración y ente público publicita la convocatoria de sus subvenciones y su posterior concesión a través de un cauce diferente: el BOE, los boletines provinciales, los diarios oficiales de cada comunidad autónoma, el tablón de anuncios municipal, lo que hace prácticamente imposible no sólo controlar la concesión de estas ayudas, sino simplemente conocer su existencia.

Lo que pretende Hacienda es centralizar toda esa información en una única base de datos, de modo que se pueda tener una percepción cierta del volumen de subvenciones que se conceden en España, de qué organismo las concede y de quienes son los beneficiarios.

Para ello utilizará la reforma de la Ley General de Subvenciones, en la que el Ministerio de Hacienda ya ha comenzado a trabajar y que prevé "disponer de una base de datos nacional que recoja todas las convocatorias de subvenciones que se hagan en España y la resolución de las mismas, que de este modo serán públicas y accesibles a todo el mundo", ha avanzado Fernández Currás.Obligaciones incumplidasEl asunto es novedoso porque a día de hoy esa base datos única a nivel nacional no existe, pero también es llamativo porque existe la obligación legal de hacerlo desde hace más de una década, en concreto desde la aprobación de la Ley General de Subvenciones en el año 2003.

Como lo leen. La Ley General de Subvenciones de 2003 ya establecía la obligación "por parte de los órganos gestores de subvenciones en el ámbito del Estado, comunidades autónomas y administración local" de remitir la información sobre las subvenciones que concedieran a la Intervención General del Estado para que ésta la volcará a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, que ya existía desde el año 1995.

Las administraciones públicas debían comunicar las convocatorias de subvenciones que realizaran, la resolución de las mismas, la identidad de los beneficiarios e incluso el listado de los particulares y empresas inhabilitados para percibir ayudas públicas en su territorio.

La prueba del grado de celo con el que las Administraciones Públicas se han tomado el cumplimiento de esta disposición legal se encuentra en una comunicación interna realizada por la misma Intervención General a mediados del año 2012.La nota ofrece una serie de orientaciones básicas "para el comienzo del envío de información" a la Base de Datos Nacional.

Es decir, una década después de la entrada en vigor de la obligación legal de informar de todas las subvenciones concedidas la Base de Datos Nacional de Subvenciones no era más que un instrumento recogido en la legislación desde el año 1995 pero sin ningún contenido.Y no sólo porque comunidades autónomas y entidades locales no hubieran comenzado a remitir esa información, es que ni siquiera los propios ministerios y órganos dependientes del Estado lo habían hecho.Hacienda necesitará algo más que un texto legal para conseguir que ese objetivo de transparencia, que a la vez es un mandato europeo, se convierta esta vez en realidad.

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