viernes, 28 de febrero de 2014

CHA señala que Oliván "lleva casi un año negándose a comparecer sobre su política para las personas sordas"

El grupo de Chunta Aragonesista (CHA) en las Cortes de Aragón ha señalado que lleva "casi un año esperando" a que el consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia del Ejecutivo aragonés, Ricardo Oliván, comparezca en el Parlamento para informar detalladamente sobre la política del Departamento en relación con las personas sordas.

El grupo de Chunta Aragonesista (CHA) en las Cortes de Aragón ha señalado que lleva "casi un año esperando" a que el consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia del Ejecutivo aragonés, Ricardo Oliván, comparezca en el Parlamento para informar detalladamente sobre la política del Departamento en relación con las personas sordas.La portavoz de CHA, Nieves Ibeas, registró el 12 de noviembre de 2012 esta solicitud, sin que hasta la fecha haya sido atendida, "a pesar de las dificultades a que se está enfrentando este colectivo por los recortes".

La diputada ha calificado en un comunicado de "inaceptable" que Oliván "se esconda de este modo".

La Asociación de Personas Sordas de Zaragoza y Aragón (ASZA), con más de 700 miembros y 81 años de experiencia en atención, formación, información, intermediación y asesoramiento, vio reducida el año pasado la subvención que el Departamento le otorgaba y que era su principal fuente de ingresos, "lo que la puso al borde del cierre".

Ibeas ha precisado que el consejero "no tuvo empacho en decir que a él también le había sorprendido la diferencia en la subvención en comparación con otros años, como si él no fuera el responsable", cuando ASZA ofrece servicios "que no están siendo cubiertos desde la Administración y cuya continuidad es, por tanto, irrenunciable".

Concretamente, en 2012, atendió a 1.355 usuarios.

La diputada de CHA también ha advertido de las "debilidades" en el contrato de servicios para intérprete de lengua de signos, adjudicado por el Departamento a una empresa por 59.430 euros para algunos ámbitos de los servicios sociales y salud, "pero que no cubre otros como la tramitación de documentación oficial".

Para la portavoz de esta formación, este contrato, que finaliza el 31 de diciembre, "es totalmente insuficiente y debe revisarse al alza porque haya crisis o no, las necesidades de las personas sordas no cambian".


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