La Comisión de Igualdad y Bienestar Social ha debatido hoy una proposición no de ley en la que se instaba al Gobierno a “disponer de intérpretes de lengua de signos, a disposición de los usuarios que lo requieran, en los centros hospitalarios, en los museos y monumentos que dependen de la Administración pública”. La iniciativa ha recibido seis votos a favor, del PP, y nueve en contra, del PSOE.
Desde el PP han argumentado que “en una sociedad mayoritariamente oyente las personas sordas deben afrontar no sólo los problemas derivados directamente de su discapacidad, sino también aquellos otros que la sociedad les impone en forma de barreras de comunicación”.
Las personas sordas se encuentran todos los días con muchas de estas barreras “invisibles”, que pasan generalmente desapercibidas tanto para la gente de la calle, como para los distintos profesionales. La información que reciben estas personas es mínima, pues en la actualidad los canales de transmisión están pensados para la mayoría oyente, argumenta el Grupo Popular.
“No cabe duda, -continúa- de que la lengua es el principal instrumento de comunicación. Su conocimiento y su uso favorecen, hacen posible el acceso y la transmisión del conocimiento y de la información, además de ser el canal básico de vertebración de las relaciones individuales y sociales.
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