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Carles Puigdemont y su Gobierno se «olvidaron» de autorizar el pago de 152 millones de euros que deben recibir decenas de entidades sociales catalanas durante los ejercicios 2017 y 2018.
En su carrera hacia una independencia ilegal, el Ejecutivo ahora cesado no cumplió con las asociaciones que se encargan, precisamente, de ayudar a los que más lo necesitan al no zanjar un programa de subvenciones bienal abierto en marzo de este año, pese a que el 20 de julio se publicó una resolución provisional sobre dichas ayudas.
Estamos a mediados de noviembre, el dinero aún no se ha abonado y no se espera que llegue hasta primeros de 2018 en muchos casos.
Se trata de la convocatoria ordinaria de subvenciones para entidades dedicadas a las políticas sociales, que entrega el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia.
Este proyecto cuenta, en su presente edición, con un presupuesto de 226.287.735,81 euros, que se divide en 20 líneas de ayudas de las que sólo una de ellas ha recibido ya alguna dotación presupuestaria.
Se trata de la línea de ayudas «J», donde actúan entidades que prestan servicios residenciales, de atención diurna a personas mayores, a drogodependencia, a discapacitados o enfermos mentales.
Los 226 millones se dividen, a su vez, en dos grandes montantes: uno de 116 millones a pagar en 2017 y otro, de 110 millones de euros, a abonar durante el ejercicio 2018. Según datos facilitados por la Generalitat, del importe total del programa sólo se ha abordado el pago de 74 millones de euros en concepto de anticipo.
Así, hay otros 152 millones bloqueados, de los que 42 tendrían que haberse pagado a las entidades durante este curso y otros 110 cuyo calendario de reparto todavía tendría que aclararse y que están supeditados a una resolución definitiva que no llega.
Al cierre de esta edición, la Generalitat confirmó que aún no se había publicado este dictamen, aunque desde la Consejería responsable del mismo advierten que la resolución final podría llegar pronto.
Hasta que eso no ocurra, las asociaciones que no disfrutaran de anticipo no recibirán la subvención que ya tienen otorgada, lo que les genera importantes trastornos.
En la Federación de Personas Sordas de Cataluña (Fesoca), una entidad que presta apoyo a ese colectivo para conseguir su plena integración, se quedaron sin cobrar a mitad de año y ya se asoman a un ERE.
Pese a ello, subrayan que los más perjudicados no son ellos, sino los beneficiarios de su servicio: cada año realizan 5.000 asistencias que este curso se están viendo comprometidas.
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