No hay peor sordo, que el que no quiere oir

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POLÍTICA

Tolima.-

Daniela Andrea Olivar Vallejo, concejal en el municipio de Espinal, Tolima, quien es sorda, no ha podido tener una participación activa ni representar debidamente esa población en la Corporación.

Daniela Andrea Olivar Vallejo

Es la única concejala sordomuda del país y es el mismo Estado el encargado de la vulneración de sus derechos,  ya que el Concejo no tenía un intérprete que la acompañará en todas las sesiones de la Corporación. La violación de los derechos fundamentales en el caso de las personas con discapacidad se esconde tras políticas y actitudes ancladas en modelos caducos, a través de regulaciones o prácticas aparentemente neutras que obstaculizan el acceso y ejercicio de derechos de forma discriminatoria, la causa principal de esta situación de desigualdad  es la discriminación institucional, ya que se cree que con instalar rampas a la entrada de edificios públicos están promoviendo la igualdad de esta población.

Por experiencia propia, conocí como en el Palacio de Justicia, son vulnerados los derechos de los sordos, cuando usted pide transcripción de audio o un intérprete para las audiencias, le contestan que “ese servicio no se presta” olvidando que es un derecho fundamental amparado por la Constitución y con leyes reglamentarias. Igualmente, los jueces en su soberbia olvidan al “otro” y ellos son los dueños de los procesos, por eso, cuando por fin uno logra que lo escuchen, la juez dice, “vamos a llamar a la asociación de sordomudos para que manden un traductor de señas”, pero nunca le preguntan al sordo como escucha, como oye, como se relaciona con el mundo (no todos los sordos leen el lenguaje de señas) y en algunos casos se vuelve un problema entrar con un intérprete, cosa que a veces aprovechan los abogados de la contraparte para impedir la entrada del interprete, “solo abogados, usted no puede entrar”.

Asi usted diga y muestre que es discapacitado, eso no se toma en cuenta, por eso es fácil que a uno lo manden a “tratamiento terapéutico” (sin ser médicos los jueces), o sea tratar la sordera con un psiquiatra. Y si eso lo dice un magistrado es dogma y usted no puede debatirlo. Uno está condenado de antemano en esos despachos judiciales, como con las insensibles EPS, en donde los audífonos son logrados siempre con tutelas, ya que si su perdida es profunda para ellos eso es causal para negarlos ya que es caso perdido. Es decir, le niegan el derecho a una vida social. De igual manera, cuando usted entra a cualquier institución gubernamental y no gubernamental que ofrezcan servicios al público, no hay elementos en lugar visible con la información visual correspondiente, y que sea una guía para los sordos.

Y si por el lado de la institucionalidad no escampa en el plano privado la cosa es peor. Porque se supone que tenemos derecho a tener una vida integral y plena, incluyendo el aspecto emocional, ya que de nada sirve que tengan accesibilidad social, acceso a estudiar y trabajar, si no se toma en cuenta la parte afectiva. Mientras las personas no aprendan aceptar a la diversidad del entorno va ser difícil el poder establecer una relación de amistad y de amor. Y eso implica como lo dijimos, reconocer al otro como un igual, pero es muy triste que una relación se termine después de años y el comentario de la parte que se va, es que pensaba que “¡eres bipolar!” lo que sea eso. La justificación para la falta de comprensión y cariño.

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