viernes, 21 de diciembre de 2018

LOS INTÉRPRETES DE LENGUA DE SIGNOS PROTESTAN

Nota de Prensa CILSEM


La Comunidad de Madrid ofrece varios servicios para garantizar la accesibilidad y participación de las personas Sordas en la vida diaria, política y social. Entre estos servicios podemos mencionar el derecho a la presencia de intérpretes de lengua de signos (ILSEs) en las aulas de centros educativos públicos y concertados, así como Especialistas Sordos en lengua de signos encargados de orientar, enseñar y dar apoyo al alumnado sordo en las primeras etapas educativas. La comunidad de Madrid también facilita la presencia de intérpretes de LS de servicios a la comunidad, encargados de garantizar el acceso a servicios públicos y derechos básicos de las personas Sordas adultas en igualdad de condiciones que el resto de la población: servicios médicos, juzgados, gestiones administrativas, laborales, etc.
A pesar de ser un servicio público gratuito para las personas Sordas, el servicio es prestado por diferentes entidades adjudicatarias por medio de licitación pública. Desde hace varios años estos profesionales vienen sufriendo unas condiciones laborales insostenibles. Suelen tener un constante retraso en el recibo de sus nóminas; con retrasos continuados que han llegado hasta los 4 meses y siendo habitual que cobren con 2 meses de retraso siempre. Actualmente los Intérpretes y Asesores sordos de centros educativos todavía no han cobrado la nómina de junio del curso pasado. Los intérpretes de servicios a la comunidad están a la espera de cobrar la nómina agosto. Esta situación se agrava debido a que su contratación suele ser menor a la jornada completa, y por lo tanto sus salarios son muy ajustados para afrontar los gastos que supone vivir en una comunidad autónoma como la de Madrid.
Esta situación se viene arrastrando varios años, independientemente de la empresa adjudicataria para prestar el servicio. En estos años los retrasos en el pago de la nómina han variado, pero siempre cobrando tarde afectando a toda la plantilla, incluso al personal de administración y coordinación. La entidad encargada de la gestión del servicio ha dado vagas explicaciones de los motivos de los impagos; siendo la más frecuente de las explicaciones el retraso inherente al funcionamiento de las Administraciones Públicas. Resulta del todo sorprendente ver noticias en las que la Comunidad de Madrid saca pecho de haber incrementado la partida presupuestaria para la atención de las personas Sordas y del alumnado con necesidades educativas especiales. Desde luego que pueden aumentarlo… porque en realidad parece no suponer ningún gasto real cuando los intérpretes y asesores están trabajando durante meses sin ser pagados.
Esta situación se extiende a los/las intérpretes que prestan sus servicios en diferentes Administraciones locales. Nuevamente desconocemos si el problema de deriva de retrasos por parte de los ayuntamientos o si estas/os trabajadoras/es se ven afectados por la deuda que arrastra la entidad gestora.
Desde el colectivo de Asesores e Intérpretes no están dispuestos a permitir que esta situación se prolongue otro año más, ni siquiera unos meses. Las trabajadoras y trabajadores no tienen por qué padecer el mal funcionamiento de la Administración, ni que una Entidad dedicada a lo social sea incapaz de generar el beneficio económico suficiente para hacer frente a esta situación. Estas profesionales acuden diariamente a sus puestos de trabajo asumiendo los gastos que ello conlleva sin recibir durante meses ni un euro de su salario. Al igual que sus salarios y ahorros… su paciencia se está agotando.


CCOO y UGT exigen a CILSEM (gestora actual del servicio) el pago inmediato de los salarios atrasados e insta a la Comunidad de Madrid a elaborar los pliegos de condiciones de los diferentes servicios de tal modo que se garanticen los derechos de las trabajadoras y trabajadores. Es inadmisible que, tras varios años prestando un servicio, la entidad que lo gestiona no pueda pagar a su plantilla a tiempo; con los importes y condiciones actuales no se han cubierto los mínimos necesarios para garantizar los salarios fijados en el convenio colectivo. Al ser la Comunidad de Madrid quien fija las condiciones sobre la prestación del servicio, también es responsable de los derechos de estos/as trabajadores/as. 


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