Nota de Prensa CILSEM
La Comunidad de Madrid ofrece varios servicios para
garantizar la accesibilidad y participación de las personas Sordas en la vida
diaria, política y social. Entre estos servicios podemos mencionar el derecho a
la presencia de intérpretes de lengua de
signos (ILSEs) en las aulas de centros educativos públicos y concertados,
así como Especialistas Sordos en lengua
de signos encargados de orientar, enseñar y dar apoyo al alumnado sordo en
las primeras etapas educativas. La comunidad de Madrid también facilita la
presencia de intérpretes de LS de
servicios a la comunidad, encargados de garantizar el acceso a servicios
públicos y derechos básicos de las personas Sordas adultas en igualdad de
condiciones que el resto de la población: servicios médicos, juzgados, gestiones
administrativas, laborales, etc.
A pesar de ser un servicio público gratuito para las
personas Sordas, el servicio es prestado por diferentes entidades
adjudicatarias por medio de licitación pública. Desde hace varios años estos
profesionales vienen sufriendo unas condiciones laborales insostenibles. Suelen
tener un constante retraso en el recibo
de sus nóminas; con retrasos continuados que han llegado hasta los 4 meses
y siendo habitual que cobren con 2 meses de retraso siempre. Actualmente los Intérpretes y Asesores
sordos de centros educativos todavía no han cobrado la nómina de junio del
curso pasado. Los intérpretes de servicios a la comunidad están a la espera de
cobrar la nómina agosto. Esta situación se agrava debido a que su
contratación suele ser menor a la jornada completa, y por lo tanto sus salarios
son muy ajustados para afrontar los gastos que supone vivir en una comunidad
autónoma como la de Madrid.
Esta situación se viene arrastrando varios años, independientemente de la empresa adjudicataria
para prestar el servicio. En estos años los retrasos en el pago de la nómina
han variado, pero siempre cobrando tarde afectando a toda la plantilla, incluso
al personal de administración y coordinación. La entidad encargada de la
gestión del servicio ha dado vagas explicaciones de los motivos de los impagos;
siendo la más frecuente de las explicaciones el retraso inherente al
funcionamiento de las Administraciones Públicas. Resulta del todo sorprendente ver noticias en las que la Comunidad de
Madrid saca pecho de haber incrementado la partida presupuestaria para la
atención de las personas Sordas y del alumnado con necesidades educativas
especiales. Desde luego que pueden aumentarlo… porque en realidad parece no
suponer ningún gasto real cuando los intérpretes y asesores están trabajando
durante meses sin ser pagados.
Esta situación se extiende a los/las intérpretes que
prestan sus servicios en diferentes Administraciones locales. Nuevamente
desconocemos si el problema de deriva de retrasos por parte de los
ayuntamientos o si estas/os trabajadoras/es se ven afectados por la deuda que
arrastra la entidad gestora.
Desde el colectivo de Asesores e Intérpretes no están
dispuestos a permitir que esta situación se prolongue otro año más, ni siquiera
unos meses. Las trabajadoras y trabajadores no tienen por qué padecer el mal
funcionamiento de la Administración, ni que una Entidad
dedicada a lo social sea incapaz de generar el beneficio económico suficiente
para hacer frente a esta situación. Estas profesionales acuden diariamente a
sus puestos de trabajo asumiendo los gastos que ello conlleva sin recibir
durante meses ni un euro de su salario. Al
igual que sus salarios y ahorros… su paciencia se está agotando.
CCOO y UGT
exigen a CILSEM (gestora actual del servicio) el pago inmediato de los salarios atrasados e insta a la Comunidad de
Madrid a elaborar los pliegos de condiciones de los diferentes servicios de tal
modo que se garanticen los derechos de las trabajadoras y trabajadores. Es
inadmisible que, tras varios años prestando un servicio, la entidad que lo
gestiona no pueda pagar a su plantilla a tiempo; con los importes y condiciones
actuales no se han cubierto los mínimos necesarios para garantizar los salarios
fijados en el convenio colectivo. Al ser la Comunidad de Madrid quien fija las
condiciones sobre la prestación del servicio, también es responsable de los derechos de estos/as trabajadores/as.
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