La Asociación de Personas Sordas de Santiago ha presentado denuncia en el Juzgado de Instrucción número 2 de la ciudad contra la Consellería de Educación por entender que el conflicto suscitado a principios de mes por el cierre de sus instalaciones en San Paio do Monte puede «revestir naturaleza penal».
La asociación, según relata en el escrito presentado ante el Juzgado, se vio obligada a solicitar la intervención de la Policía Nacional, porque un grupo de usuarios que había acudido a su sede «al tratar de salir se encontraron con las puertas cerradas, sin posibilidad alguna de salir del recinto». Ante la intervención policial, la empresa que instaló las puertas comunicó a los agentes las claves para la apertura de las mismas.
La Asociación insiste en que tiene esa sede tras un acuerdo alcanzado en 1988, e interpreta que, desde febrero, Educación «pretende consumar la expulsión» de la misma.
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