NOTICIAS DE CEUTA - EDUCACIÓN
La falta de previsión o de agilidad burocrática del MEFP está provocando un importante daño educativo a una joven con deficiencia auditiva que se encuentra cursando segundo curso de grado superior de Administración y Finanzas en IES Puertas del Campo, aunque como ella misma destaca a EL PUEBLO, "no soy la única afectada ya que hay otro joven con deficiencia auditiva en el centro que tiene la misma problemática".
Esta alumna asegura que desde hace casi tres semanas se encuentra esperando que la Dirección Provincial designe un intérprete de Lengua de Signos (LSE) después de que la intérprete que hay en el centro se encuentre en aislamiento debido a la pandemia.
Inmaculada, que así se llama la joven, pone de manifiesto la "impotencia, discriminación y estado de agobio" que siente durante las dos horas y media que acude al centro ya que como indica, ante la falta de un intérprete “durante las clases no me entero nada, aunque los profesores me están intentando ayudar, algo que les tengo que agradecer enormemente”.
Como reconoce la joven, durante estas tres semanas no es la primera vez que se le ha venido solicitando a la Dirección Provincial la incorporación de un intérprete de Lengua de Signos al centro para poder atender las necesidades específicas del alumnado sordo, recordando que la falta de este especialista supone una clara "desventaja" para el alumno, a quien le provoca un claro retraso, perjudicando de forma considerable el desarrollo de obtención de conocimientos, y generándose además una pérdida de igualdad de oportunidades con respecto al resto del alumnado, para demostrar lo que se exige en el proyecto curricular a la hora de cumplir los objetivos fijados.
Inmaculada resalta que tiene conocimiento de que su Jefe de Estudios se ha puesto en contacto con la Dirección Provincial del MEFP en varias ocasiones, pero que siempre echan balones fuera diciendo que “están esperando una respuesta desde Madrid”.
La joven, que como se indica, está cursando segundo curso de grado superior de Administración y Finanzas, resalta que además, ante la situación actual, "el uso de las mascarillas aumenta la barrera de comunicación y dificulta el desarrollo", indicando que durante las dos horas y media que se encuentra en clase, son muchas las explicaciones las que pierde pese al esfuerzo que realizan sus docentes para intentar hacerle llegar todo el contenido.
La falta de respuesta por parte de la Dirección Provincial del MEFP llevó a la joven a interponer una reclamación en la propia Dirección Provincial el pasado día 4 del presente mes, pero una semana después y pese a llevar ya tres semanas sufriendo este problema, la administración sigue dando la callada por respuesta, pese a que cada día que pasa el perjuicio y la discriminación hacia esta alumna y los otros alumnos con deficiencia auditiva es mayor.
Como expone Inmaculada, “sabiendo las dificultades que supone gestionar el trámite para cubrir estas necesidades, considero que los responsables en materia educativa tendrían que haber gestionado todo antes del inicio de las clases”. Además, en el escrito remitido a la Dirección Provincial, la joven recuerda a los responsables varias leyes vigentes que hay sobre los derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social y que evidencian el incumplimiento de ellas por parte de la Dirección Provincial del MEFP.
Entre esas leyes, Inmaculada le recuerda al MEFP la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio reguladora del Derecho a la Educación, donde en su artículo 4, punto 2, apartado h, se destaca que todos los alumnos tienen el derecho “a recibir las ayudas y los apoyos precisos para compensar las carencias y desventajas de tipo personal, familiar, económico, social y cultural, especialmente en el caso de presentar necesidades educativas especiales, que impidan o dificulten el acceso y la permanencia en el sistema educativo”.
Igualmente, también le recuerda al MEFP la Ley 27/2007 de 23 de octubre que reconocen las lenguas de signos españolas y regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas. Esta ley, en su capítulo II y artículo 9 destaca que de conformidad con la presente Ley se encomienda a los poderes públicos promover la prestación de servicios de intérpretes en lenguas de signos españolas a todas las personas sorda, con discapacidad auditiva y sordociegas, cuando lo precisen, en las diferentes áreas públicas y privadas que se especifican en el presente capítulo.
Del mismo modo, en el artículo 10, en el apartado destinado a la Educación se especifica que “las administraciones educativas facilitarán a las personas usuarias de las lenguas de signos españolas su utilización como lengua vehicular de la enseñanza en los centros educativos que se determinen”.
Pese a todas las leyes que amparan a esta joven estudiante, parece que la Dirección Provincial del MEFP está más preocupada por otras cosas que por ofrecer la mejor enseñanza a sus alumnos, que como en el caso de Inmaculada, está sufriendo un claro caso de discriminación.
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