Tres meses de retraso en el sueldo a los intérpretes de signos en la Comunidad

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Los intérpretes de la lengua de signos y asesores especialistas soportan retrasos de hasta tres meses y más en el cobro de sus salarios en la Comunidad de Madrid.

Así lo ha denunciado este jueves en la Asamblea de Madrid la diputada socialista Mónica Silvana González. El consejero de Educación, Rafael van Grieken, ha asegurado que se han acelerado los trámites al máximo y «a la mayor brevedad» se llevará al consejo de Gobierno el abono de estos salarios atrasados.

La diputada González ha insistido en que hay que garantizar este servicio público «que afecta a más de 25.000 personas» y que está garantizado «por ley desde 2007».

Las personas que trabajan como intérpretes y como asesores de signos, unos 70 en Madrid, permiten la accesibilidad a los servicios básicos de educación, sanidad o justicia a las personas sordas. Pero ellos mismos denuncian que sufren hace «más de 20 años un modelo de gestión ineficiente».

Entiende el comité de empresa de la Coordinadora de Intérpretes de Lengua de Signos de Madrid (CILSEM) que el problema viene por la gestión indirecta del servicio, que ha llevado a un «insuficiente número de especialistas, la reagrupación de alumnado sordo en centros específicos», lo que va «en contra de la libre elección de centro que tanto promueve el Gobierno de la región», y unos presupuestos «muy ajustados que obligan a decidir qué servicios deben ser accesibles y cuales no» u obliga a la persona sorda a «pedir con antelación de más de una semana al intérprete». Es, añaden, «imposible conseguir intérprete de lengua de signos para una urgencia médica o judicial».

El consejero Van Grieken ha aportado algunos datos: hay 9 asesores para 192 alumnos en 9 centros educativos de la región, y 41 intérpretes de lengua de signo para 132 alumnos en otros 23 centros.

Explica que la licitación del concurso para adjudicar la gestión de este servicio quedó desierto y ahora se ha abierto un nuevo procedimiento que introducirá mejoras como un incremento considerable de las tarifas a pagar, y que supondrá invertir 2,7 millones de euros para 29 meses.

En todo caso, se ha comprometido a «acelerar al máximo el proceso administrativo y a llevar lo antes posible» al consejo de Gobierno el abono de los sueldos atrasados.

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