-
Sonora, México
El senador del PRI por Sonora, Alfonso Elías Serrano, propuso que el gobierno federal asigne a personas sordas un intérprete y representante legal que conozca de la Lengua de Señas Mexicana en procesos judiciales y legales.
El legislador federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) planteó reformar las leyes generales de las Personas con Discapacidad y para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
En ese sentido, propuso adicionar el derecho particular de las personas sordas de contar en todo procedimiento administrativo o judicial, de un intérprete y representante legal.
De igual forma, propuso reformas al Código Federal de Procedimientos Penales, para añadir el derecho de las personas sordas de solicitar un intérprete o, en su caso, de un defensor, que conozcan la Lengua de Señas, durante todo el proceso.
Propuso modificar la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, para establecer las obligaciones específicas de las dependencias y entidades federales en la atención de personas sordas al momento de prestarles un servicio o atenderlos en un trámite.
El Estado mexicano tiene una gran deuda con las personas con discapacidad y, especialmente, con las personas sordas, y es responsabilidad como órgano legislativo el plantear las reformas necesarias para saldar dicha deuda, manifestó.
“Alcemos la voz por quienes, por su condición, no pueden hacerlo”, expresó.
Indicó que en el caso particular de las personas sordas, el derecho a comunicarse libremente y el de acceso a la justicia, son aún más vulnerados por su particular discapacidad, según la Federación Mundial de Sordos en sus evaluaciones más recientes.
Esto, debido a la ausencia de mecanismos idóneos de interacción entre las instituciones públicas y las personas sordas, como serían los intérpretes de lengua de signos y el uso de tecnologías de traducción simultánea, comentó.
Refirió que eso deja a las personas sordas imposibilitadas para ejercer sus derechos frente al gobierno.
Puntualizó que esa situación se acentúa en México debido a la ausencia, en la legislación nacional, de disposiciones puntuales relativas a las obligaciones del gobierno respecto de las personas sordas a la hora de prestarles un servicio, desahogar un trámite o impartirles justicia.
-
