El movimiento pelea para que cada área de la Administración asuma la contratación de traductores de lengua de signos •• La FAXPG sostiene con subvenciones un cuerpo de 16 profesionales, insuficiente para servir a más de doce mil gallegos
En el siglo XVI Pedro Ponce de León, monje benedictino, sentó las bases de la educación mediada por lengua de signos al trasladar las señales que suplían el silencio de los monasterios a la instrucción de niños sordos. En la actualidad, la lengua de signos española es la principal herramienta de comunicación para muchas de las 12.000 personas sordas con certificado de mi- nusvalía expedido por la Xunta (79.000 según el Instituto Nacional de Estadística, atendiendo a la amplia diversidad de formas de discapacidad auditiva).
En la comunicación con personas oyentes, la lengua de signos -reconocida en la legislación española desde 2007- y el trabajo de los intérpretes construyen el puente necesario para la participación social. Lo explica Enrique Santos, coordinador del servicio de intérpretes de lengua de signos española y guía-intérpretes para personas sordociegas de la Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia (FAXPG). Este programa gratuito, que empezó a andar en 1991 con el respaldo de las tres fuerzas políticas y una plantilla de dos intérpretes profesionales, hizo posibles en 2008 un total de 13.169 contactos de personas sordas con la sanidad, la justicia, su banco u otros servicios básicos.
La mediación del intéprete, explica Enrique Santos, supone un salto cualitativo, al permitir a la persona sorda "expresarse en primera persona, con toda la seguridad y neutralidad que implica el uso de este cuerpo profesional". La traducción directa elimina las inseguridades de la información trasladada en tercera persona por familiares o amigos, de forma breve y no del todo exacta. Recibir la información de primera mano, señala Santos, facilita también el trabajo profesional y elimina las reticencias que la mediación de terceros suscitaba, por ejemplo, en el notario que formaliza una herencia.
Una ley que no despega
La ley 27/2007 de 23 de octubre establece la responsabilidad de los poderes públicos de facilitar los recursos necesarios para el acceso de los usuarios de lengua de signos a la educación, la formación y el empleo, la salud, los transportes o las actividades de ocio, aunque la aplicación de dichas obligaciones se escalona en el tiempo de acuerdo con los plazos de cumplimiento marcados en otra ley estatal, la de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal.
"Todavía no se ha aplicado y el acceso del colectivo a la educación, a la sanidad... no se está cubriendo. Estamos en primera marcha, nos faltan cinco aún. Hay un 15% más o menos de necesidades que se están atendiendo, pero hay otro 85% de situaciones y ámbitos de participación donde hay barreras que las personas sordas aún padecemos. Es una situación preocupante", apunta Enrique Santos.
Obligados a priorizar
El servicio de intérpretes que gestiona la FAXPG se sostiene en un 80% con subvenciones de la Administración pública (fundamentalmente del área autonómica de Benestar) y en un 20% con la colaboración de entidades privadas. El presupuesto del servicio de intérpretes es de 450.000 euros/año, sin incrementos desde 2006, por lo que "el número de personas contratadas tiene que ser el mismo o incluso menos", explica su coordinador.
Son 16 intérpretes, distribuidos en las siete principales ciudades. "Evidentemente -apunta Santos- el servicio no es ilimitado, no podemos cubrir todas las demandas y estamos obligados a priorizar". Los servicios de sanidad y el empleo son lo primero. "También el ocio y la cultura son un derecho para todos, pero nosotros no podemos cubrir conferencias o cursos de formación a nivel individual, porque suelen ser servicios de larga duración y exigen la presencia de dos intérpretes (para asegurar la calidad de la información los profesionales se relevan cada 30 ó 40 minutos)", señala Santos. Sin el apoyo de este programa gratuito, contratar en el mercado un servicio de interpretación ronda, como ejemplo, los 200 euros por una sesión de juicio.
Liberar presupuesto
La lucha del movimiento asociativo pasa porque cada departamento de la Administración asuma la contratación de intérpretes en su área. Xustiza corre ya con los gastos de interpretación en aquellos juicios en los que participa una persona sorda y la Consellería de Educación asume la contratación de intérpretes en centros de Secundaria con alumnos sordos. En la misma línea, durante los meses de noviembre y diciembre de 2008, la FAXPG trabajó con Sanidade en un proyecto piloto para los centros sanitarios paralizado en estos momentos. "Los cambios de Gobierno siempre trastocan las acciones de las ONG. Ahora estamos empezando a trabajar de nuevo, en un mal momento económico, pero convencidos de la buena disposición". A día de hoy, no existe un servicio 24 horas de interpretación en las urgencias sanitarias.
Las carencias son también importantes en el ámbito de la educación. Sólo el 1 o el 2% de las personas sordas acceden en España a estudios universitarios. En Suecia, el porcentaje alcanza el 40%. El dato es trascendente si se tiene en cuenta que el mayor obstáculo para la inserción laboral de las personas sordas no es la limitación auditiva, sino el grado de cualificación. "El sistema educativo es erróneo, no se adecúa a las necesidades del colectivo y eso hace que la formación no sea la idónea", señala Enrique Santos. El teletrabajo, dice, sin necesidad de lengua oral, ha abierto una puerta interesante para las personas sordas, el problema "es que en líneas generales no están formadas adecuadamente porque el sistema educativo no les ha favorecido".
El otro obstáculo es la mentalidad. "A los futuros profesionales y empleadores que están hoy en las universidades no se les habla de discapacidad, de qué implica una persona sorda o qué necesidades tiene. Muchas veces la gente se sorprende de que haya personas sordas con una titulación universitaria".
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