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Los especialistas recuerdan que este trabajo resulta fundamental para el acceso a la formación en igualdad de oportunidades: «Es como si a los niños en sillas de ruedas les quitaran las rampas de acceso»
Los alumnos sordos de Andalucía siguen sin intérpretes. La Junta aún no ha restablecido este servicio, básico para que accedan a la formación en igualdad de oportunidades que sus compañeros oyentes. Con el cierre de los centros educativos por la pandemia, el Gobierno autonómico suspendió los servicios externalizados sin hacer distinciones entre los que no volverían a ser necesarios por el momento, como el transporte escolar, y los que seguían siendo imprescindibles, como la interpretación de la lengua de signos.
La medida, que agrava la brecha que sufren las personas con discapacidad auditiva, afecta a alumnos de colegios, institutos y centros de formación profesional. Antes había un intérprete en cada aula donde un estudiante lo requiriese. Ahora, pese a lo sencillo que resultaría adaptar este servicio a la formación telemática, conectando a intérpretes y alumnos mediante videoconferencias, deben conformarse con textos escritos y lecturas laborales.
Desde la Consejería de Educación que dirige Javier Imbroda explican que el servicio «está vinculado a la enseñanza presencial, que está suspendida», y consideran que los intérpretes «son un recurso más de los centros que escolarizan a este alumnado y no tienen responsabilidad docente, que recae sobre el profesorado, que es el que tiene que garantizar el correcto desarrollo del proceso de enseñanza, adaptando los materiales y las comunicaciones», además de instar a los alumnos que tengan dificultades a «gestionarlo con su profesorado».
Alumnos como Victoria Román, que se examina este año de su ciclo de laboratorio de análisis, niegan que los intérpretes sean «un recurso más» y denuncian que sin este servicio se quedan «sin puente de comunicación» con los profesores: «Me examino ya mismo y no sé cómo lo haré».
La Junta insiste en que los docentes que dan clase a alumnos sordos o con discapacidad auditiva han recibido orientación destinada a facilitar la información por diferentes canales como el visual, subtitulando los vídeos y grabando las explicaciones de forma clara para permitir la lectura labial. Los intérpretes explican que estas soluciones «demuestran un enorme desconocimiento» sobre la sordera.
Lo detalla así un especialista: «La lengua de signos es una lengua como tal. Así está reconocida. Tiene su propia estructura gramatical y un orden determinado de los signos, que funcionan como las palabras. Por ejemplo, la frase 'La casa es azul' se interpreta como 'Azul casa es'. Esto provoca que las personas sordas no entiendan casi nada de las explicaciones por escrito, sobre todo si son complejas. Es como si a los oyentes nos alteraran el orden las palabras».
El hecho de tener una lengua propia provoca que la comunicación escrita y leída de las personas sordas o con discapacidad auditiva no sea fluida. Sobre los recursos didácticos a disposición del alumnado, los intérpretes lo ilustran de este modo: «Sin interpretación, es como si les quitan las rampas de acceso a los niños que usan sillas de ruedas y luego les dicen que tienen baños adaptados. ¡Qué más da, si no pueden entrar!».
El caso ya está en la mesa de la Oficina del Defensor del Menor en Andalucía, que ha abierto una queja de oficio para recordar a la Junta que «hay servicios irrenunciables» cuya suspensión supone una situación «de desigualdad que hasta el momento no ha encontrado respuesta».
Fuentes de la empresa adjudicataria del servicio en Málaga aseguran además que la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE) tampoco ha pagado la indemnización comprometida por la suspensión del contrato, situación que provoca que los intérpretes aún no hayan cobrado la nómina de abril.
Desde la Consejería sostienen que la indemnización se paga cuando las empresas justifican el abono de los salarios y presentan toda la documentación porque «así es el procedimiento que ha establecido Hacienda para estas indemnizaciones».
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