ASOCIACIONES
La trama desarrollada en Baleares para defraudar de forma sistemática fondos públicos destinados a la formación de los trabajadores se llegó a apropiar presuntamente de al menos 430.000 euros reservados para ayudar a encontrar empleo a personas discapacitadas y excluidos sociales.
La subvención ahora investigada fue repartida en cuatro años de 2008 a 2011El 'modus operandi' destapado es similar al que se denuncia en sindicatos y patronal
Así lo documentan los informes internos elaborados por los servicios jurídicos del actual gobierno autonómico que ya investiga el fiscal anticorrupción Pedro Horrach en el último escándalo de corrupción detonado en las Islas. Un caso que afecta de momento a 9 empresas privadas de formación, a UGT, a CCOO y a las dos principales patronales del archipiélago (Caeb y Pimeb) y que salta a la palestra después de que, durante los últimos dos años, EL MUNDO/ El Día de Baleares haya venido denunciando en solitario a través de sus investigaciones periodísticas las irregularidades en el uso del dinero público del desempleo.
Una de las partidas investigadas por la Fiscalía asciende a 700.000 euros y fue repartida en cuatro anualidades, entre 2008 y 2011, bajo el gobierno de la coalición de izquierdas conocida como Pacte de Progrès y liderada por el PSOE. Se otorgó a una supuesta ONG de Palma montada por una red colaboradora del Servicio de Ocupación balear (SOIB) con el fin de promover el empleo entre colectivos «vulnerables».
Hasta el momento, la investigación estima que de los fondos otorgados se defraudaron 437.390 euros -el 50% del dinero recibido-. Y que se hizo siguiendo un modus operandi que ya fue denunciado por este periódico y que se ha repetido de forma reiterada entre sindicatos, patronal y centros privados de formación: subcontratación con empresas pantalla vinculadas a las propias organizaciones que recibían los fondos.
Una práctica que les permitía ocultar los pagos y burlar el precio de mercado, pudiendo así hinchar el precio de los servicios que luego se refacturaban al Govern. Por citar un ejemplo ilustrativo, ya se ha acreditado que algunas de las empresas investigadas pagaban a 11 euros brutos la hora de profesorado para luego facturarla al Govern balear por unos 50 euros, quedándose para su lucro la diferencia. En otros casos, se les ha cazado engordando en un 2500% sus gastos destinados al «alquiler de equipos».
El mecanismo es sorprendentemente sencillo y ha podido repetirse en miles de expedientes durante años. De hecho, actualmente se están analizando más de 1.500 líneas de subvenciones. Aparte de las ONG y empresas privadas investigadas, también están las denuncias sindicatos y patronales de las Islas que también utilizaban este modus operandi. UGT está siendo investigada por un supuesto fraude de 295.000 euros. CCOO por 67.000.
A la hora de presentar facturas para justificar el uso de las subvenciones otorgadas a dedo (en algún caso, como en el de UGT y CCOO, partidas de hasta 800.000 euros en un solo año) las organizaciones que percibían fondos presentaban facturas a nombre de empresas que, según se ha destapado ahora, estaban vinculadas a sí mismos. No entregaban por tanto la relación final de facturas, lo que les permitía inflar por el camino el precio de mercado y obtener el beneficio que ahora se investiga por presunto fraude de subvenciones, estafa, falsedad documental, malversación e incluso, como apuntan los informes gubernamentales, asociación ilícita.
Además, como detallan los informes que han dado origen a la investigación de Anticorrupción, se usaban «empresas creadas ad hoc con el único fin de obtener beneficios para otras empresas del grupo». Era «un sistema premeditado donde se presentaban costes ficticios generados por servicios innecesarios».
Tal ha sido el descontrol del gasto público del SOIB en la última década que en 2011 la Unión Europea bloqueó un fondo de 38 millones de euros para el desempleo que tenía como destino las arcas Baleares.
La alarma: bloqueo de la UE
Alertando precisamente de esas graves irregularidades a la hora de repartir el dinero y denunciando la subcontratación masiva con empresas vinculadas a los receptores de las subvenciones. Es lo que en el sector del fomento del empleo se conocía coloquialmente como «el reparto del pastel» de los multimillonarios fondos de la formación.
El Govern que preside José Ramón Bauzà revisó una primera batería de partidas y reclamó a sindicatos y patronal la devolución de 3,8 millones de euros. Tras profundizar en el análisis del gasto y comprobar que la Consejeria de Trabajo se había convertido en un coladero de facturas presuntamente falsas, ha llevado el caso a la Fiscalía Anticorrupción. De momento está se estima el fraude en un millón de euros. La Fiscalía ha abierto unas diligencias y ya está colaborando con el Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional.
Este diario no sólo denunció y documentó la subcontratación de servicios con empresas y fundaciones vinculadas a UGT, CCOO y Caeb. También reveló cómo para tratar de justificar el gasto y cobrar las máximas cantidades posibles estimadas por ley se pasaron facturas de nóminas de dirigentes sindicales y de la patronal, intereses bancarios de préstamos y hasta las tarjetas de visita de algunos directivos.
CCOO 'coló' hasta 77.000 euros de nóminas
Una de las subvenciones denunciadas ante la Fiscalía balear revela una de las formas de financiación de los sindicatos a través del dinero público para el empleo. Se trata de la facturación, como gasto imputable a los cursos de formación y orientación laboral, de las nóminas de los empleados y dirigentes sindicales dentro de lo que se conoce como «gastos asociados» o «seguimiento» de estas acciones. Una partida dentro de cada subvención que permite incluir una serie de gastos generales a los agentes sociales. Pero en esta especie de cajón de sastre de la facturación de subvenciones no todo vale.
La cifra supone el 10% de la subvención total recibida en un año: 773.000 euros
El Govern balear ha denunciado ante la Fiscalía que CCOO de Baleares llegó a cargar a una subvención de 800.000 euros -de la que cobró 773.439-, nóminas de empleados del sindicato sin relación directa con los cursos. Sumaban 77.000 euros. Es decir, un 10% del total se justificó con nóminas «no imputables» a la misma, que «no corresponden a un trabajo real», según la denuncia.
No sólo eso, el Govern reclama al sindicato por esta subvención una devolución de 145.000 euros por no haber podido justificar correctamente en qué usó este dinero. Ahora, la parte más grave de esta devolución son los 77.000 euros que hacen referencia a las nóminas. En este punto, los liquidadores del Govern, que han cotejado las facturas presentadas por el sindicato, ven incluso «ánimo defraudatorio». Y así resaltan que «CCOO cargó nóminas del personal propio sin que el gasto se corresponda a un trabajo real efectuado por este personal».
El expediente ahora en Anticorrupción es una subvención para realizar «orientación laboral», ejecutado entre noviembre de 2008 y diciembre de 2009. CCOO Baleares ha intentado desvincularse esta semana de la investigación señalando que en esa época ellos no gestionaron fondos para formación, intentando separar la formación de la orientación.
En la misma denuncia del Govern se señala que el sindicato imputó las nóminas a esta subvención dedicada a «orientación», precisamente en una partida llamada «seguimiento del plan formativo».
Una denuncia en la que se destaca, además, que CCOO siempre imputaba el máximo económico permitido a esta partida.
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