El nuevo cuerpo legal amplia el régimen de exenciones arancelarias para la importación de equipos y medicamentos para personas con discapacidad.
En el marco de la promulgación de la Ley de discapacidad, que beneficiará aproximadamente a dos millones de personas, la Presidenta Michelle Bachelet destacó que este cuerpo legal asegura y establece igualdad de oportunidades e inclusión social.
La Mandataria reiteró que el Gobierno se ha centrado en el desarrollo de las políticas sociales, ya que se tiene la convicción de que todos los chilenos cuentan con “derecho a tener acceso a las mismas oportunidades, sin importar la etnia, edad, condición física, económica o el lugar donde se nace".
En la ceremonia de promulgación, la Jefa de Estado explicó que en Chile, más de dos millones de personas presentan algún nivel de discapacidad y de ese grupo, cerca de la mitad tiene una disminución importante de su funcionalidad o graves dificultades para realizar autónomamente actividades esenciales de la vida cotidiana.
Por otra parte, planteó que esta ley promueve la cooperación público-privada, “entendiendo que la discapacidad es un tema que afecta a toda la sociedad. Por lo tanto, es deber de todos, contribuir a superar las barreras que impiden o dificultan la plena integración de las personas con discapacidad".
Asegura el pleno acceso de las personas con discapacidad a las edificaciones
En lo fundamental, esta ley facilitará la redención y la rehabilitación, agilizando los procesos de calificación y certificación de la discapacidad y ampliando el régimen de exenciones arancelarias para la importación de equipos, prótesis, medicamentos y un conjunto de otros elementos necesarios para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.
Además, se asegura el pleno acceso de las personas con discapacidad a las edificaciones públicas y privadas y se perfecciona las normas sobre estacionamiento preferente.
Se incorporan medidas para facilitar el acceso de las personas con discapacidad al sistema educacional y al mercado del trabajo y reconoce el lenguaje de señas como medio de comunicación de las personas con discapacidad auditiva y en un plazo, que será determinado por el reglamento correspondiente. Adicionalmente, los canales de televisión deberán generar posibilidades de acceso a su programación para personas sordas.
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