Debatamos Michoacán: Consejo nacional para personas con discapacidad

Por Gerardo A. Herrera Pérez

El pasado 14 de junio, Cambio de Michoacán publicó la nota “Debatamos Michoacán: Derechos humanos y discapacidad”, en ella precisé que se habían publicado dos minutas legislativas de consecuencias fundamentales para la vida democrática de las y los mexicanos. La primera fue el decreto por el que se modifica la denominación del capítulo I del título primero y las reformas de diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la segunda, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad; en aquella nota comenté sobre las reformas constitucionales, en ésta comparto con las y los lectores del periódico Cambio de Michoacán algunas apreciaciones sobre la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (LGIPD).

Y es que mire usted, en días pasados se nombró a Francisco Cisneros como secretario técnico del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (el consejo nacional será un órgano descentralizado y especializado, en donde participan las principales dependencias de la administración pública federal que brindan apoyo a personas con discapacidad ), y con ello, y en el marco de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, se crea el Instituto Nacional para las Personas con Discapacidad y el Sistema Nacional de Discapacidad, que prevé un esquema operativo de coordinaciones entre los diversos niveles de gobierno, federal, estatal y los municipales, para llevar a cabo la política de no discriminación y para la inclusión de aquellas personas que viven con una discapacidad.

Realmente esta acción es inédita en México, toda vez que las personas con discapacidad ahora cuentan con un consejo nacional, un instituto nacional y un sistema nacional para la atención de las personas con discapacidad, esto es gracias sin duda a un pilar de la democracia en México, a don Gilberto Rincón Gallardo (qepd), también, por qué no decirlo, a la comunidad internacional que empuja a través de la ONU proyectos tan importantes como lo fue en su momento el Diagnóstico México que se presentó a principios de este siglo y en donde se señalan cuestiones importantes que México debía mejorar en el marco de los acuerdos internacionales, y desde luego también de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad impulsada por México, pero de igual manera por la voluntad política del Ejecutivo Federal, el presidente Calderón.

La LGIPD establece las bases para armonizar el marco jurídico nacional con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, además se identifica como una ley reglamentaria del artículo 1 de la Constitución General de México, toda vez que establece que el Estado mexicano debe promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, así como garantizar su plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades. Con ello, las personas con discapacidad dejarán de recibir un trato asistencialista del gobierno para recibir un trato digno y de respeto a sus derechos y a su desarrollo humano, agregaría yo, “un trato con dignidad y respeto, y no más dádivas o conmiseraciones a las personas con discapacidad y de utilización de palabras peyorativas como ‘pobrecito’”.

La instrumentación del marco jurídico en comento no será simple, se requerirá de generar una estrategia agresiva para que todas y todos los mexicanos logremos crear y desarrollar una conciencia social de respeto a las personas diferentes, que les permita incluirse a una sociedad plural, y con ello quitar los estigmas, prejuicios, estereotipos y burlas que tanto daño han hecho a las personas con discapacidad y que han generado discriminación, marginación y aislamiento por generaciones, seguramente quien tiene más de 40 años sabrá a lo que me refiero, antes se escondía a la persona discapacitada, vaya, se le decía “lisiado” y no se permitía que asomara la nariz a la calle, ocultarlo era siempre más prudente que aceptar el qué dirán de la sociedad.

Otro gran avance de la ley es que mandata la creación de apoyos o presupuestos de las entidades gubernamentales para hacer viable en la práctica las acciones que define la ley en materia de educación, trabajo, salud, accesibilidad y vivienda, transporte público y comunicaciones, desarrollo social, sustentación de información y datos estadísticos, deporte y recreación, cultura, turismo, justicia y libertad de expresión, así como acceso a la información, esto me parece importante, toda vez que se incluyen acciones de lengua de señas y Braille para el acceso a diversas discapacidades, espero que el Itaimich pronto se incorpore a las nuevas tecnologías para beneficio de sordos y ciegos que viven en Michoacán.

Desde aquí, destacamos la importancia de esta norma jurídica, la cual consideramos que es inédita para la vida nacional y para el desarrollo de las personas con discapacidad. Aplaudimos que de manera inmediata y en los términos que marcan los transitorios de la ley en comento, ya se instaló el órgano de gobierno, ahora se requiere que se le asignen los recursos presupuestales de inmediato para este ejercicio 2011, así como en su momento para el 2012, porque de no ser así, podría perderse la oportunidad de vernos como un país que avanza hacia una democracia incluyente y plural en la América Latina o bien ser otra ley que nace con letra muerta, como tantas que hay en México y en Michoacán, como la Ley para Prevenir la Discriminación y Violencia, que hasta la fecha no ha sido instalado el consejo estatal correspondiente.

Felicidades a todos y todas las personas con discapacidad en México, a la comunidad de sordos y ciegos de Michoacán, y en general para todos aquellos que se verán beneficiados por los mandatos de esta norma jurídica.

Los invito de manera respetuosa a conocer y apropiarse de estas normas jurídicas, sólo así podremos exigir a nuestras autoridades los nuevos escenarios definidos para todos y todas. Hagamos de México un país de primer mundo donde lo diferente se respeta y se le incluye. Para hacer esto, de manera conjunta el Grupo de Facto, el Comité contra Estigma y Discriminación con la Comisión Estatal de Derechos Humanos estarán llevando a cabo un taller sobre el conocimiento de la ley general en comento para la inclusión de las personas con discapacidad. 

Todas y todos queremos que Michoacán cambie, que las personas con discapacidad tengan un empleo, que los sordos y los ciegos obtengan recursos para mantener a sus familias, para ello necesitamos cambiar como sociedad, para que los casi seis millones de discapacitados en México logren tener una mejor calidad de vida no sólo por este marco normativo, sino porque quienes los rodeamos sabremos respetar, tolerar e incluir a nuestra vida.