Mal atendidas las necesidades especiales de los niños de Comerío

Por Aurora Rivera Arguinzoni (Puerto Rico)

Varios alumnos de Comerío urgen terapias

Hace dos años que Jonuell Narváez Fuentes, de 10, no recibe terapias del habla y ocupacionales que le ayuden a progresar académicamente con menos dificultades de las que ya enfrenta por ser sordo.

El niño tampoco tiene intérprete en lenguaje de señas para sus clases de inglés y educación física; no ha sido evaluado para determinar si puede beneficiarse de equipos de asistencia tecnólogica, y necesita un nuevo implante auditivo, aparato que no es cubierto por ningún servicio público hasta donde sabe su madre.

“Tiene el implante coclear desde los 5 años. Hay que recoger $6,800 que es lo que cuesta el procesador porque el otro se dañó”, explicó su progenitora, Melissa Fuentes. “Se le ha atrasado todo (por la falta de este equipo y de los servicios), hasta el aprendizaje”, lamentó.

Mientras ella hace lo posible por recoger el dinero que le permita a su hijo tener el nuevo procesador, baterías y cable externo de reemplazo, así como reprogramaciones regulares, lo cual supone destinar cientos de dólares cada año, el Departamento de Educación (DE) no termina de coordinarle sus terapias, su evaluación y su traductor en lenguaje de señas.

Su maestra de salón contenido es especialista en educación a niños sordos y utiliza lenguaje de señas, pero no es quien le da la clase de inglés y educación física.

El caso de Katiuska Colón González, quien tiene 11 años, es algo parecido al de Jonuell: su espera por un nuevo audífono ha sido de año y medio. Para su fortuna, la revaluación que le toca en octubre la cubre el plan de salud del Gobierno, para cuya cubierta de audición ya había cualificado.

“En el 2009 se le dañó un audífono que en el 2008 le donó una fundación. Lleva año y medio con un solo audífono. (El otro) se pidió (al DE) desde septiembre de 2010. Desde el año pasado se dijo que iban a entregarle unos audífonos”, relató la mamá de Katiuska, Sylmarie González.

Funcionarios del DE que pidieron no se les identificara por temor a represalias indicaron que debido a los despidos de personal por la Ley 7, en el Centro de Servicios de Educación Especial de la Región de Caguas -a la que pertenece la escuela elemental Claudio Ferrer Cotto de Comerío- solo hay dos empleados que tramitan los referidos para evaluaciones y terapias. Estimaron que en esa región hay más de 18,000 alumnos de educación especial.

Agregaron que en dos casos de la misma escuela, los referidos para equipo auditivo que necesitaban dos alumnas supuestamente no aparecían en la lista del Centro, y que en otro de un niño que data del 2009 se había hecho la requisición, pero no la compra por dudas relacionadas con el equipo.

Precisamente por demoras y fallas de este tipo, en julio pasado la Oficina de Programas de Educación Especial del Departamento de Educación federal (USDE) impuso al DE condiciones especiales en el uso de fondos otorgados de la Ley para la Educación de Individuos con Discapacidades (IDEA). La determinación se basó en prolongadas violaciones que datan de principios de la década del 2000 y que no han sido atendidas totalmente a pesar de dos acuerdos de cumplimiento suscritos entre las agencias en el 2004 y el 2007, y la imposición de condiciones especiales en el 2010.

Esta vez, el USDE aumento el nivel de exigencia al DE, que era de asistencia, al de intervención. Según documentos del USDE, esto implica que la agencia local será monitoreada de cerca y tendrá que presentar informes frecuentes sobre su cumplimiento con la ley.

Mañana debe producirse el primero de esos reportes y El Nuevo Día supo que algunas escuelas no han podido entregarlos -aun teniéndolos listos- por problemas con los sistemas operativos de las computadoras provistas a los facilitadores escolares.

Si el DE no mejora su cumplimiento con la ley IDEA y llega a ser declarado en necesidad de intervención sustancial, la Isla podría ser declarada como jurisdicción de alto riesgo, se le podrían congelar fondos o ser referido al Departamento de Justicia federal.