Los sindicatos mayoritarios griegos, que representan a dos millones de trabajadores, afilan los cuchillos para responder con protestas y pleitos contra las nuevas medidas de recortes de ingresos, cierre de empresas, despidos y más impuestos. «Nos están bebiendo la sangre con los tributos adicionales y el Gobierno continúa con su ataque contra los trabajadores», afirmó Stathis Anestis, portavoz de la Confederación de Trabajadores de Grecia (GSEE).
La organización representa a 1,5 millones de trabajadores del sector privado y de las empresas semiestatales (DEKO), estas últimas con 100.000 empleados, cuando la población activa actual del país es de 4,2 millones.
Por su parte, Ilias Iliopulos, portavoz de la Confederación de Funcionarios Públicos (Adedy), denunció que «una gran parte de las medidas son ilegales y anticonstitucionales y estamos en consultas con asesores legales para defender los casos de los funcionarios».
El Ejecutivo del primer ministro griego, Yorgos Papandréu, manifestó el pasado miércoles en una teleconferencia al presidente francés, Nicolas Sarkozy, y a la canciller alemana, Angela Merkel, que aplicará en su totalidad un programa de austeridad, reformas y privatizaciones para recaudar 78.000 millones de euros hacia 2015.
Esas medidas afectan a empresas y organismos estatales o semiestatales. Hasta el momento, el Ministerio ha enviado dos circulares para que 500 organismos reduzcan en un 10 por ciento su personal. «En el peor de los casos, la medida puede poner en peligro el trabajo de 30.000 funcionarios en las empresas semiestatales», aseveró Anestis del GSEE.
Papandréu celebró ayer en Atenas una reunión extraordinaria con sus ministros para tratar sobre la adopción de nuevas medidas de austeridad que permitan al país cumplir sus objetivos de reducción del déficit fiscal. En ella, decidieron acelerar las reformas para poder seguir recibiendo las ayudas internacionales para evitar la quiebra del país.
Tercer año en recesión. La tasa de desempleo en Grecia alcanzó en el segundo trimestre de 2011 el 16,3%, un dato que preocupa especialmente a los sindicatos, quienes creen que el paro superará «un explosivo 20%», con una contracción de la economía que subirá al 5% del PIB en 2011, en recesión por tercer año consecutivo, siendo la construcción el sector más afectado de todos.
El nuevo impuesto extraordinario sobre propiedad inmobiliaria que entrará en vigor en octubre por un plazo de dos años, para ayudar a tapar el agujero del presupuesto en 2011 de 1.700 millones de euros será «el golpe decisivo para la construcción», comentó un sindicalista. «El Gobierno debería implementar una política diferente y frenar la evasión de pagos de impuestos que supera el 4o% del PIB», comentó Anestis.
A su vez, el ministro de Finanzas griego, Evangelos Venizelos, reitera que 2012 será un año de recesión. «El pueblo griego está pagando el coste de una recesión de tres años, que pasará a ser de cuatro años», afirmó Venizelos ante el comité de finanzas parlamentario.
El próximo mes, el Gobierno de Papandréu aplicará inmediatos recortes salariales a los funcionarios, que en algunos casos puede significar una reducción del 40% de los ingresos mensuales en un período de 20 meses.
Un grupo de unos 300 sordomudos ya protestó por la próxima supresión de una subvención para pagar los gastos de intérpretes. Mientras que otro centenar de empleados de un canal de televisión (ET1) protestó contra un proyecto de ley para cerrar la emisora, que no tiene más de 1% de audiencia, y fusionará el resto de los servicios para reducir la plantilla.
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