Las quince entidades de discapacitados en Balears, que forman parte de la Federación de Asociaciones de Familias (Feaps), dejarán de dar servicio si no cobran en las próximas semanas parte de los 13 millones de euros que les deben el Govern balear.
Fuentes de la federación califican la situación de "insostenible" y el próximo 6 de octubre las juntas de familia se reunirán para decidir los pasos a seguir y las movilizaciones que llevarán a cabo para solucionar el problema. Estas asociaciones son entidades sin ánimo de lucro y su única fuente de financiación es el dinero que reciben de la Administración autonómica.
Desde mayo de 2010 se encuentran sin recibir ningún tipo de pago y esta falta de ingresos ya ha afectado a varias de las asociaciones que forman parte de esta federación como Amadip.esment, Amiticia, Amadiba, Intress y Aproscom. Amadip.esment es una de las que tiene más usuarios y la más veterana, ya que se fundó en los años sesenta. Los trabajadores y los familiares de esta entidad que tiene unos 500 usuarios, principalmente en los centros ocupacionales, se reunirán hoy para analizar qué medidas adoptan ante la falta de ingresos.
Portavoces de la federación de discapacitados señalan que prestan unos servicios sociales de los que dependen un total de 3.000 usuarios con discapacidades intelectuales y auditivas y tienen más de mil trabajadores. Califican el panorama de "dramático" porque es un colectivo vulnerable ya que los padres se quedarían sin centros de día a los que llevar a sus hijos. Tampoco han recibido por parte del Govern balear ningún calendario de pagos sobre la deuda.
Otras de las medidas que deberán adoptarse por la falta de ingresos es llegar a acuerdos con los empleados para realizar despidos o el aplazamiento en el pago de las nóminas.
En el mes de agosto la asociación que atiende a personas sordas (Aproscom) no pudo hacer frente a la nómina de los 90 trabajadores que atienden a 265 usuarios.
Amiticia ha dejado de prestar su servicio de respiro para las familias y Amadiba ha acordado con sus empleados el pago aplazado de los sueldos. En el caso de Intress, ya no dispone de preparadores porque ha despedido a cuatro empleados. Calculan que un total de siete entidades ya han sufrido las consecuencias negativas del impago a los proveedores, que se traduce en que no pueden abonar las facturas de los servicios básicos de agua y luz.
Movilizaciones
Las asociaciones que aglutinan a los familiares de discapacitados también piensan en protestas en la calle para mostrar a la sociedad la gravedad de la situación que provoca el impago de facturas, ya que prestan servicios sociales, educativos y laborales en centros de día, ocupacionales y residencias. Según los datos del último informe de Feaps de 2010, el 70 por ciento de los servicios que prestan son concertados con las administraciones públicas. Cuentan con tres centros de Educación Especial, que atiende a 247 alumnos. Hay que sumar los 10 centros de residencia para más de 280 discapacitados, una residencia infantil y 22 viviendas tuteladas para 173 personas. Los 8 centros de la federación atienden a 283 usuarios a los que hay que sumar otros 8 ocupacionales para más de 540 personas.
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