Reclaman la incorporación de más intérpretes de señas en las dependencias porteñas

Noticias de Argentina

Buenos Aires.-

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires capacitó a 447 empleados de 11 dependencias públicas para cumplir con la Ley 732 que llama a contar con intérpretes de señas en todas las oficinas del Estado local.

Ante estos números, la legisladora Natalia Fidel (SUMA+) presentó un proyecto de declaración en la Legislatura porteña para instar al Poder Ejecutivo a ampliar el número de empleados con este tipo de formación.

“Todos los poderes y organismos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, particularmente en las áreas de atención general al público y en todas aquellas que ante un evento público así lo requiera, deberá contar al menos con un agente por turno con conocimiento de la Lengua de Señas Argentina (LSA) con el objeto de facilitar la atención y prestar funciones en todas las actividades, discursos y pronunciamientos realizadas por los mismos con el objeto de promover la igualdad de oportunidades para todas las personas sordas e hipoacúsicas”, reza el artículo primero de la Ley 732.

“La obligación consiste en integrar a las personas con discapacidad auditiva a la sociedad, y se traduce en un deber de acción por parte del estado de incluirlos, y promover políticas que tengan como finalidad en la realidad la inclusión de estas personas de manera que puedan llevar una vida normal sin mayores complicaciones en cuanto a su desenvolvimiento cívico tal como el resto de las personas”, destacan los fundamentos del proyecto de  Fidel.

“En ese sentido, consideramos injusto el hecho de que personas que ya adolecen de una discapacidad vean sus impedimentos exacerbados y acentuados por la falta de políticas y compromiso por parte del estado, que se agrava por el hecho de que existen, a falta de una, dos leyes orientadas a revertir esta realidad. En este contexto gigante, a la luz también de que suman once dependencias donde se dictaron varios cursos, resulta minúscula la acción capacitadora del Gobierno en relación a lo que exigen las leyes sancionadas por este cuerpo”, se añade al respecto.

“Debemos como sociedad rever la forma de relacionarse tanto del estado como entre los individuos respecto a personas con discapacidades, y especialmente como estado y miembros de su estructura asumir la obligación de que es nuestra responsabilidad como actores protagónicos de la organización de la vida en sociedad y democracia el garantizar y generar los medios para lograr una verdadera inclusión”, concluye la iniciativa parlamentaria.

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