La CNSE critica la posición de la DGT sobre las personas sordas

La Confederación Estatal de Personas Sordas, CNSE, quiere expresar su profundo malestar por las declaraciones vertidas por parte de la Dirección General de Tráfico a TVE, el pasado martes 29 de junio, en relación a las barreras de comunicación que encuentran las personas sordas a la hora de realizar el examen teórico para obtener el carné de conducir.
Entre otras aseveraciones, Francisco Javier Jiménez, portavoz de Tráfico, manifestó ante la televisión pública que si las personas sordas tienen dificultades para aprobar el examen teórico de conducir lo que se debe hacer “es enseñarles a leer” y reconoció que Tráfico ha ido eliminado progresivamente en todo el Estado las medidas de accesibilidad a la información en lengua de signos que permitían a las personas sordas entender el contenido de los exámenes.
La CNSE considera lamentables las afirmaciones vertidas en este medio de comunicación y considera que son producto de un profundo desconocimiento acerca de la realidad de las personas sordas y concretamente hacia aquellas personas sordas cuyo principal vehículo de comunicación y de acceso a la información es la lengua de signos.
Hay que recordar que desde el año 2006, Tráfico ha ido eliminando en todo el Estado aquellas medidas que permitían a las personas sordas acceder a los exámenes teóricos en lengua de signos, tales como intérpretes, vídeos en lengua de signos… La Dirección General de Tráfico alega que las personas sordas debían hacer las pruebas “lo mismo que los demás”.
Esta consideración atenta contra la Ley 27/2007 e ignora la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, donde se sostiene que hay que garantizar el derecho de libre opción de las personas sordas a aprender, conocer y usar la lengua de signos, para impedir cualquier tipo de discriminación y dar participación al colectivo.
En los últimos años, la CNSE ha mantenido diferentes reuniones con la Dirección General de Tráfico para resolver una situación que supone una clara discriminación tanto por razón de discapacidad como por ser usuario de la lengua de signos española o catalana. Hasta la fecha, las reuniones han sido infructuosas. En la actualidad, se está excluyendo a centenares de personas sordas todos los años y por tanto, impidiendo la libre movilidad de estas.