La Justicia sorda

InfoSord-Pamplona, 23 mayo
Por Enrique Ponce

ÉL PREFERÍA TITULARLO "CULPABLE DE SER SORDO". ESTE PAMPLONÉS, FUNCIONARIO DE JUSTICIA, SOLICITA QUE SU LUGAR DE TRABAJO SE ADAPTE A LA DISMINUCIÓN AUDITIVA QUE PADECE, UNA SORDERA TOTAL QUE NO HA PALIADO LA ADMINISTRACIÓN CON LOS APARATOS QUE EXISTEN AL USO.

ESCUCHAR el segundero del reloj de la cocina le alegra el día a Jesús María Arroqui Arandia, un pamplonés de 49 años que sufre una pérdida de audición total desde hace dos años, solucionada a través de un implante coclear (es un aparato electrónico que se coloca en el oído durante una cirugía, que consta de una parte interna y un procesador exterior), que le permite seguir ese paso de los segundos, mantener esta charla a pesar del altavoz de la cafetería y oír los sorbos que su perro le aplica a la taza de agua.

"No es un milagro, pero es una solución. Durante un tiempo llevé un audífono, pero ya no me sirve de nada", dice este funcionario del cuerpo de auxilio judicial de la Sala de lo Social del TSJN que sufre una sordera bilateral profunda agravada progresivamente con el paso del tiempo sin una razón aparente. Esa disminución sensorial, que hace dos veranos provocó que del 65% de pérdida en el oído derecho se intensificara hasta el 99% de sordera (en el oído izquierdo ya sufría una pérdida completa de audición), fue motivo por el que conforme transcurren los días sin remedio se ha vuelto más enérgica su solicitud de adecuación a su puesto de trabajo. Una petición que data de hace quince meses.

EDIFICIOS ACCESIBLES A TODOS Arroqui, cuya sordera afirma que "es difícil recordar cuando surge", demanda una Justicia accesible para todos y, en ese sentido, se pone el primero como ejemplo. "Seguramente al Palacio de Justicia entran más sordos que gente en silla de ruedas, pero a éstos se les ve mientras que nosotros somos invisibles", afirma Arroqui. Este funcionario solicita en el momento procesal oportuno, es decir en plena reestructuración de los Palacios de Justicia de la Comunidad Foral (el de Estella ha sido recién inaugurado, el de Pamplona se encuentra en plena reforma y el de Tudela se estrenará a finales de 2011), la adaptación logística de estos edificios a las personas con dificultades en su capacidad de audición.

"Sé que en esta batalla voy a ganar pocos amigos, pero mientras pueda seguiré luchando porque así sea. No es un asunto personal, sino que trato de que la gente que acceda a esta infraestructura y tenga los mismos problemas que yo, sean atendidas con eficacia y puedan oír y entender. No estoy pidiendo nada del otro mundo, sólo que se habilite al menos una sala de vistas apta para sordos, que exista un teléfono público adaptado o que en la ventanilla de información se instale un micrófono con un bucle portátil con el que gente como yo puede comunicarse perfectamente", soluciones todas por ahora inexistentes en Navarra.

Los pacientes a los que se les realiza un implante coclear, en caso de que las condiciones sean adecuadas (si no existen ecos, reverberaciones, ruidos de fondo...) pueden detectar sonidos del medio ambiente, la mayoría entiende el lenguaje sin la ayuda de lectura de labios y algunos usan hasta el teléfono, caso de Arroqui, cuyo celular de casa está adaptado a sus condiciones, al igual que su móvil, que dispone de un bucle que se adapta al implante y con el que "incluso oigo música".

Ahora, el funcionario precisa que los arreglos técnicos se ajusten a su puesto laboral. "Con la entrada en funcionamiento de la nueva Oficina Judicial se va a promocionar al personal, entre otras cosas, por la participación en cursos de formación, y para asistir a ellos necesito una ayuda técnica adicional. Asimismo, para desarrollar mi trabajo en condiciones en salas de vista y otras funciones, pedí la adquisición de una emisora FM, que se pudiera conectar al equipo de audio de las salas y así acoplarlo al implante. Con el añadido de que dicha emisora FM puede servir perfectamente para cualquier persona con pérdida auditiva que lo precise, usuaria de audífonos o implante coclear". En una conferencia que impartió la vocal del CGPJ, Margarita Robles, en Civican, el agente judicial demandó un aparato que se pudiera adaptar a sus necesidades. "No se hizo a tiempo, por lo que no pude asistir a la charla, pero poco después se encargaron de instalar en Civican un bucle de inducción apto para nosotros", recuerda.

LA NECESARIA EMISORA FM A finales de 2008 Arroqui recibió una valoración de riesgos laborales de su puesto de trabajo. "El informe técnico recomendaba la adquisición de una emisora FM ("ya utilicé una en un cursillo de la Clínica Universitaria y no perdí ni sílaba. También he tenido otras oportunidades de usarla, con un resultado óptimo") y de un adaptador para el teléfono", apunta el afectado.

"En febrero de 2009 propuse a la Dirección General de Justicia un primer adaptador para el teléfono, que se adquirió y, a pesar de que se mostró inservible, no fue devuelto. Visto ese resultado, en abril, a requerimiento de la Dirección General, les facilité información sobre una emisora de FM, con un transmisor más versátil y un receptor universal, a fin de que al margen de mí, lo pudiera utilizar cualquiera que lo necesitase y no sólo en salas de vista, sino también en despachos, en declaraciones personales...", insiste el afectado.

"El asunto parece que queda olvidado hasta octubre, cuando tras ponerme en contacto con la junta de personal y que ésta hiciera el oportuno alegato, me responden desde Justicia que mi tema había quedado aparcado por las vacaciones y que lo retomaban. Sin embargo, un mes después ya no era ni el olvido ni las vacaciones, sino que alegaron motivos económicos para no autorizar la compra. Desde entonces la respuesta de la Administración ha sido el silencio", cuenta Arroqui, que había contactado en febrero de 2009 con el CREENA (Centro de Recursos de Educación Especial de Navarra) para informarse más detalladamente de los productos. "Me proporcionaron precios de aparatos que valían menos de 2.000 euros y que el Gobierno me dice que cuestan unos 3.500".

Esta retahíla de acontecimientos las ha expuesto Arroqui en su carta dirigida al Defensor del Pueblo, el cual manifiesta que aunque la Dirección General de Justicia "ha intentado encontrar solución al problema de sordera que padece el señor Arroqui y su adaptación al puesto de trabajo", reconoce que dicha solución "se está dilatando excesivamente en el tiempo". La resolución del Defensor establece que "las dilaciones indebidas no son imputables, sin más, a dificultades técnicas en la adaptación del puesto de trabajo a la discapacidad que padece el autor de la queja o a razones económicas insalvables. Por el contrario, todo indica que la demora más bien trae causa de la pasividad o insuficiente actividad de los órganos administrativos implicados".

Arroqui se encuentra de baja por diferentes causas desde finales de 2009 y ve muy difícil el regreso a su puesto pese a que "tengo compañeros maravillosos que siempre me han facilitado la labor, al igual que los magistrados de mi Sala y secretaria". Sin embargo, pese a la incapacidad, no quiere pelear en balde. "No es algo particular. Es cumplir la ley y más en un sitio en el que se imparte justicia y en el que hay que dar una imagen adecuada a todos los ciudadanos". Al menos, a todos los que puedan oír.
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