¿Una ley de cese fulminante de facultades?

POLÍTICA

José L. Martín

Unas veces es el presidente del Gobierno -de manera directa o con mandatario interpuesto- el que adjudica unos millones de euros a la ejecución de una idea favorita, llámese «Memoria Histórica» o «Alianza de Civilizaciones»; otro día es la señora ministra de Asuntos Exteriores la que distribuye cien millones por una parte y veinticinco millones por otra; la señora ministra de Ciencia y Tecnología «hipoteca» al nuevo Gobierno por la cantidad de 152 millones de euros concedidos a Hispasat; bien puede ser la señora ministra de Sanidad y Consumo para Organismos de Igualdad; la de Cultura para apoyar la Industria del Cine o la glotona SGAE; la de Defensa para que las Fuerzas Armadas consigan algo de lo que han carecido hasta ocasionar «bajas»; el señor presidente de la comunidad andaluza para atender, un poquito antes de las elecciones autonómicas de aquella comunidad, las evidentes necesidades de los sordomudos con la Ley del Lenguaje de Signos (no creo que los ciegos puedan beneficiarse gran cosa de tal Ley). En todos estos casos se atiende -ahora- a lo que se ha desatendido antes y, además, en algunos casos, para gestionar asuntos que atañerán a los señores «que vengan». No parece oportuno que ministros cesantes o destituidos por decreto actúen como si estuvieran ocupando el cargo con plenos poderes y no «en funciones». Más bien sería deseable que se limitaran a los «asuntos de trámite» y dejaran -o prepararan el terreno para ello- que los mandatarios que están «en espera» sean los que decidan y adjudiquen el gasto para atender las necesidades o conveniencias que respondan a la política que deben arbitrar los gobernantes del próximo futuro.

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