EDUCACIÓN
Morelia, Michoacán.-
Las vías para el desarrollo de una educación que tenga el carácter de incluyente, al menos en el estado, todavía no están bien definidas, señalan activistas pro derechos humanos. Parte de los retos que se enfrentan es consolidar los apoyos institucionales, pero además que éstos vayan más allá del “clásico” asistencialismo y que de verdad se asuman los compromisos trazados por el Estado mexicano en materia de inclusión.
En Michoacán, según los especialistas, no hay cifras precisas en torno a las personas que sufren alguna discapacidad, debido a que muchos de éstos se encuentran en comunidades alejadas y pertenecen a familias con ingresos escasos, lo que no permite que se atiendan de manera adecuada.
Se estima que en Michoacán existen alrededor de 40 mil personas con alguna discapacidad. De esta población vulnerable sólo un 3.4 cuenta con escolaridad y sólo un 2.5 por ciento llegan a cursar la educación superior.
Las cifras con las que cuenta la Secretaría de Educación Estado (SEE) indican que existen en Michoacán catorce mil niños en condición vulnerable por discapacidad, los cuales son atendidos en cerca de 160 escuelas, y de los cuales sólo un 30 por ciento pueden ser incluidos en una escuela regular.
El reto, los intérpretes
Para las personas sordas, poder lograr ser incluidos de manera real al sistema educativo es que las instituciones tengan intérpretes capacitados, además de contar con materiales didácticos adecuados, expresó Saúl Pérez Cortez, presidente de la Asociación de Sordos del Estado de Michoacán. En ese sentido falta muchísimo, por lo que el acceso a la educación para este sector social, hasta el momento sólo es una palabra, acotó.
Asistido por Liz, su esposa, para la entrevista, Pérez Cortez platicó que no sólo en el ámbito educativo encuentran problemas, se encuentran problemas en el reconocimiento de sus derechos humanos y que tiene repercusiones en la dificultad de accesos a servicios médicos y jurídicos, por ejemplo: “Parte de los retos fundamentales es romper la concepción de que no podemos desarrollarnos como cualquier otra persona, que sólo necesitamos un puente de comunicación”, señaló.
Pérez Cortez recordó que su contacto con el leguaje de señas fue muy tarde, cuando tenía 18 años. Lo descubrió en un partido de futbol en un torneo de sordos, donde observó que el equipo contra el que jugaban se comunicaba fluidamente con las manos. Posterior a este encuentro, comenzó a buscar aprender el leguaje de señas mexicano.
“La historia que viví es muy común dentro de los miembros de la comunidad sorda, donde te desesperas por no poderte comunicar de ninguna forma”, recalcó. Por ello es fundamental que los procesos educativos sean orientados a concientizar a la sociedad y en donde la inclusión tendría su principal reto.
Actualmente la hija de Pérez Cortez, que también es sorda, cursa un programa piloto de la SEE, donde es asistida por una intérprete certificada y aprende a la par con niños “normales”, y que según los avances de su hija y de otros niños en esta condición en su desarrollo escolar, se buscará implementar en otras escuelas y con más niños sordos, informó el propio Pérez Cortez.
El desafió que se presenta como asociación lo pretenden sortear precisamente con capacitación para el trabajo con la construcción de un espacio adecuado para los sordos del estado de Michoacán y su asociación es con el apoyo del gobierno del estado, logró la obtención de un terreno y la construcción de la primera parte, que no está terminada, lugar donde se impartirán talleres y capacitaciones tanto para sordos como para sus familias, expresó Pérez Cortez.
Este recinto se proyecta que cuente con los talleres de serigrafía, informática, lenguaje de señas mexicanas, terapia del leguaje, teatro para sordos y capacitación para padres con hijos sordos, para que tengan la posibilidad de atenderlos de manera adecuada, puntualizó Pérez Cortez.
Sin embargo este proyecto todavía no se entrega formalmente y además se requiere la construcción de la segunda etapa, por ello hacen un llamado al nuevo gobernador electo de Michoacán, Fausto Vallejo, para que apoye este proyecto y contribuir a abatir estas problemáticas de exclusión por discapacidad, reiteró.
Pérez Cortez mencionó que además un centro de atención como el que se plantea, sólo existe uno igual en el país en Zapopan y que en Distrito Federal ha tenido muchas dificultades para consolidarlo, por ello sería significativo continuar el apoyo para concluir este proyecto para los sordos michoacanos.
El presidente de la asociación manifestó que hay centros donde se atiende a todos los discapacitados, lo cual dispersa los esfuerzos en la idea de lograr una mejor integración de los sordos, sobre todo de los niños, y un lugar como éste potenciaría el aprendizaje de ellos al focalizar sus necesidades.
Para finalizar, Pérez Cortes expresó que el dato que tiene su asociación es que en Michoacán existen 18 mil personas sordas que van desde el que lo es por nacimiento, vejez y por accidentes.
Educación y empleo, más allá del asistencialismo
Para Miguel Santoyo Acosta, presidente de la Asociación de Invidentes de Michoacán, se deben superar las políticas asistencialistas que funcionan en un primer momento y que sacan de un apuro a las familias de invidentes. Sin embargo, sin el binomio educación y empleo para los discapacitados visuales, como política pública, no se podrá avanzar en una verdadera inclusión.
“Nosotros, por el tipo de discapacidad enfrentamos dificultades muy agudas por no ver, a diferencia quizá de alguien en sillas de ruedas o sorda”, expresó Santoyo Acosta. El líder invidente señaló que en el ámbito educativo para discapacitados visuales, Michoacán se muestra muy atrasado frente a estados como Nuevo León, San Luis Potosí y Distrito Federal.
“Si uno como invidente quiere entrar en la Universidad Michoacana, quizá lo puede hacer como oyente pero eso no sirve de nada, si no hay profesores capacitados y materiales; un amigo, Omar Molina, que tenía inquietud por estudiar Derecho, tuvo que acudir a una escuela privada para poder hacerlo”, señaló Santoyo Acosta.
El apoyo del gobierno debería enfocarse en fortalecer la inclusión en el sistema educativo, y posteriormente ver la manera de colocarlos en el mercado laboral, si no los esfuerzos serían en vano, expresó el líder invidente.
Santoyo Acosta indicó que las actuales escuelas para invidentes en Michoacán, que sólo hay dos en Morelia, enfrentan dificultades como el hecho de que no exista el personal capacitado lo suficiente para enseñar a los invidentes, servicio que además pueden ser poco accesibles para personas de escasos recursos, que son una gran mayoría en la comunidad invidente, ya que cobran por los servicios que proporcionan. “Este es un aspecto que deben trabajar las nuevas administraciones gubernamentales del estado”.
La concientización para la inclusión
“Para poder generar una cultura de la inclusión, las instituciones de educación pública del estado deberían implementar en su diseño curricular materias en este sentido donde los niños y jóvenes se acerquen a la discapacidad de otros, no con miedo y rechazo, sino con la idea de que sólo son personas distintas pero con necesidades similares frente a la misma vida, sería importante recuperar los testimonios de gente como nosotros”, expresó el presidente de la Asociación de Invidentes.
Para Santoyo Acosta es primordial esta labor debido a que de esta manera es que más adelante las políticas de inclusión sean interiorizadas por la misma sociedad, de otro modo no será posible la inclusión y sólo se reproducirá en el discurso pero no en la realidad.
En esta asociación fundada en 1984, señaló su presidente, hay muchos jóvenes “y nuestro reto principal es lograr que se eduquen y se coloquen en un empleo para que puedan ser más independientes, y eso lo tendremos que ver con el nuevo gobierno del estado de Michoacán”, además de localizar a más personas en la misma condición de discapacidad visual “y que sepan que no están solos y que mediante la organización y la ayuda mutua podremos salir adelante”, reiteró.
El problema de la infraestructura
La recomendación a la Secretaría de Educación en el Estado por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha sido la adecuación de los planteles de Michoacán con la infraestructura necesaria para atender la población con dificultades visuales, auditivas y motoras, señaló el nuevo titular de esta instancia, José María Cázares Solórzano.
Lo anterior, frente a quejas presentadas por ciudadanos en estas condiciones y que tienen dificultad para acceder a planteles educativos o en el mismo proceso de enseñanza-aprendizaje, donde se ha instado a la SEE desde el establecimiento de rampas, hasta poner cierto número de bancas para personas zurdas, reiteró el titular de CEDH. Sin embargo, el funcionario no especificó cifras de las quejas presentadas por personas con alguna dificultad física.
Cázares Solórzano reiteró como ejemplo que su institución ha incluido a dos abogados invidentes en la Visitaduría de Zamora, como parte de estos elementos de integración que se impulsan desde la institución.
Por su parte, la SEE ha informado a través del titular de Planeación Educativa, Abelardo Mejía, que se buscan acatar las recomendaciones de la CEDH, sin embargo, el funcionario expresó que implementar todas las modificaciones en cada una de las escuelas es casi imposible debido a que esa dependencia no cuenta con los recursos financieros suficientes.
Accesibilidad e inclusión
Actualmente impera el modelo y concepción del mundo donde sólo caben los “iguales”, definido por el arquetipo de hombres y mujeres jóvenes, con grandes posibilidades económicas, blancos y sin ninguna dificultad física, donde se origina la discriminación, mientras que existe una gran masa de excluidos, “los diferentes”, donde se encuentra la gente con discapacidad, manifestó Gerardo Herrera Pérez, presidente de Grupo de Facto y activista social.
Para combatir esta concepción, la escuela pública debe constituirse como un mecanismo para construir sociedades incluyentes y plurales, sin embargo esto no se va lograr si no se le dota de presupuesto para capacitar a profesores en este sentido, ni adecuación de la infraestructura, es decir que trascienda el discurso, expresó Herrera Pérez.
El activista reiteró que un nuevo modelo educativo incluyente tiene que revisar dos cuestiones fundamentales, la que tiene que ver que primero existen diversos grupos vulnerables, y segundo que éstos tienen los mismos derechos pero requieren políticas públicas diferenciadas, es decir, que se hagan adecuaciones en el ámbito público para poder estar en condiciones de igualdad.
Lo anterior permitirá cumplir las disposiciones no sólo nacionales, sino internacionales en materia de derechos humanos sobre las personas discapacitadas dispuestas por la Organización de las Naciones Unidas a finales del 2006, donde el concepto de accesibilidad cobra importancia para poder incluir a los discapacitados.
Para finalizar, Herrera Pérez expresó que la accesibilidad no sólo implica “construir rampas, elevadores y otras cosas” para que accedan a espacios físicos o se orienten, este concepto alcanza también la educación y la cultura es decir, que su integración parte del disfrute en la medida de lo posible de las artes y de una formación profesional, lo que permitirá la recuperación de la dignidad de los que están excluidos.
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