SOCIEDAD INTERNACIONAL
Perú
La Defensoría del Pueblo advirtió que las instituciones no prestan una atención adecuada a este sector de la población, pese a estar obligadas por ley.
En el Perú, más de 700 mil personas sufren algún tipo de discapacidad auditiva, las cuales enfrentan barreras comunicacionales y requieren el servicio de intérpretes para superar obstáculos y lograr su inclusión plena en la sociedad.
Así lo dio a conocer Malena Pineda, jefa del Programa de Defensa y Promoción de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo.
En el marco de la ‘Semana de las Personas con Discapacidad Auditiva’, la funcionaria advirtió que las instituciones no prestan una atención adecuada a este sector de la población, pese a estar obligadas por ley.
Sostuvo que es fundamental que el Poder Judicial amplíe el número de intérpretes en lengua de señas, debido a que en la actualidad solo cuenta con tres.
Dijo que la presencia de más especialistas permitirá facilitar el acceso de las personas sordas a la administración de justicia, en todo el país, por lo que solicitó que el ente judicial realice los esfuerzos necesarios para que cada corte integre a su personal por lo menos a un intérprete.
En el país existen aproximadamente 30 intérpretes para atender a este segmento de la población, según cifras que manejan algunas organizaciones representativas de este sector.
“La Defensoría del Pueblo fue la primera institución pública en brindar el servicio de intérpretes en lengua de señas, a la que se ha sumado, como primer gobierno local, la Municipalidad de Miraflores”, subrayó.
En razón de ello, la funcionaria recordó que la Ley Nº 29535 incluye un reconocimiento oficial a la Lengua de Señas Peruana y establece la obligación de proveer a las personas con discapacidad auditiva, de manera gratuita y progresiva, el servicio de intérpretes en lengua de señas en las entidades e instituciones públicas o privadas que brinden servicios públicos o de atención al público.
Pineda destacó la decisión de la comuna miraflorina por la reciente implementación del servicio de intérpretes, que la convierte en el primer gobierno local que muestra una buena práctica de gestión pública.
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La Defensoría del Pueblo advirtió que las instituciones no prestan una atención adecuada a este sector de la población, pese a estar obligadas por ley.
Así lo dio a conocer Malena Pineda, jefa del Programa de Defensa y Promoción de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo.
En el marco de la ‘Semana de las Personas con Discapacidad Auditiva’, la funcionaria advirtió que las instituciones no prestan una atención adecuada a este sector de la población, pese a estar obligadas por ley.
Sostuvo que es fundamental que el Poder Judicial amplíe el número de intérpretes en lengua de señas, debido a que en la actualidad solo cuenta con tres.
Dijo que la presencia de más especialistas permitirá facilitar el acceso de las personas sordas a la administración de justicia, en todo el país, por lo que solicitó que el ente judicial realice los esfuerzos necesarios para que cada corte integre a su personal por lo menos a un intérprete.
En el país existen aproximadamente 30 intérpretes para atender a este segmento de la población, según cifras que manejan algunas organizaciones representativas de este sector.
“La Defensoría del Pueblo fue la primera institución pública en brindar el servicio de intérpretes en lengua de señas, a la que se ha sumado, como primer gobierno local, la Municipalidad de Miraflores”, subrayó.
En razón de ello, la funcionaria recordó que la Ley Nº 29535 incluye un reconocimiento oficial a la Lengua de Señas Peruana y establece la obligación de proveer a las personas con discapacidad auditiva, de manera gratuita y progresiva, el servicio de intérpretes en lengua de señas en las entidades e instituciones públicas o privadas que brinden servicios públicos o de atención al público.
Pineda destacó la decisión de la comuna miraflorina por la reciente implementación del servicio de intérpretes, que la convierte en el primer gobierno local que muestra una buena práctica de gestión pública.
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